Como Cartel de la Toga se le conoce a uno de los casos de corrupción más escandalosos de la rama judicial en Colombia. En esta cadena de sucesos, miembros de la Corte Suprema de Justicia cometieron delitos de cohecho y concusión, además de envolver a otros servidores públicos en movimientos irregulares de dinero.
Y es que, aunque se trata de hechos que comenzaron a revelarse hace cerca de seis años, siguen dándose noticias al respecto.
De esta manera, la Procuraduría General de la Nación acaba de informar sobre los cargos que le formuló al exrepresentante a la Cámara, Julio Eugenio Gallardo Archbold, quien habría hecho pagos indebidos por casi 200 millones de pesos al entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leónidas Bustos Martínez, a fin de que el organismo fallara a su favor.
Según manifiestan las informaciones conseguidas por autoridades como la Sala de Instrucción Disciplinaria, el congresista habría hecho llegar el dinero mencionado a través del exfiscal Luis Gustavo Moreno Rivera, por lo que se considera que se presentó un cohecho por dar u ofrecer, hablando en términos técnicos.
Asimismo, el Ministerio Público destaca que parece que Gallardo Archbold se habría desviado del cumplimiento de sus deberes, así como que habría afectado gravemente el ejercicio de la función pública, al intentar vulnerar las decisiones de los miembros del alto tribunal.
“El ente de control adujo que el presunto comportamiento del excongresista estuvo provisto de ilicitud sustancial, con lo que pudo infringir el principio de moralidad, por lo que calificó su posible conducta como falta gravísima cometida a título de dolo”, indica la entidad.
Con lo anterior, el exparlamentario se une a otros exmiembros del Congreso que han sido vinculados al entramado de corrupción recientemente. Este es el caso de las nuevas informaciones sobre Argenis Velásquez, quien habría pagado sobornos para evadir a la justicia en su momento.
Atención: condenada exrepresentante Argenis Velásquez, trató de esquivar a la justicia con sobornos en el Cartel de la Toga
El nombre de la exrepresentante a la Cámara Argenis Velásquez fue uno de los que sonó hace seis años cuando estalló el escándalo de los sobornos pagados a magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte de congresistas investigados por el alto tribunal, conocido como el Cartel de la Toga. SEMANA conoció que la Corte Suprema ordenó la captura de la excongresista.
La excongresista fue hallada responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer con circunstancias de mayor punibilidad y se libró orden de captura en su contra para que cumpla la pena en establecimiento carcelario.
La Fiscalía demostró que en 2015 la ahora sentenciada, a través del abogado Gustavo Moreno, acordó pagarle 200 millones de pesos al entonces magistrado auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia, Camilo Andrés Ruíz, quien solo recibió 130 millones. La coima buscaba dilatar un proceso penal que por posibles hechos de corrupción en los que habría incurrido Velásquez Ramírez cuando se desempeñaba como alcaldesa municipal de Orito, Putumayo.
La exrepresentante a la Cámara por el Partido Liberal se convirtió en un eslabón dentro del Cartel de la Toga. La líder política del Putumayo fue mencionada por el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, quien fue condenado por este caso y entregó un mapa de la corrupción que se gestó desde su “oficina” en la que pactaba los millonarios sobornos.
Según contó Moreno en su momento, los compromisos con Argenis Velásquez no fueron como los de Álvaro Ashton o Musa Besaile, que desde el comienzo se identificaban como graves por la complejidad de las evidencias. El de Velásquez habría comenzado con un pacto de honorarios por 380 millones de pesos, sin embargo, las pruebas lo habrían hecho cada vez más complejo, razón por la cual el entonces magistrado Francisco Ricaurte, también condenado por este caso, pidió una reestructuración.
El proceso penal adelantado contra la excongresista Argenis Velásquez, que se intentaba torcer con este soborno, estaba relacionado con el cobro indebido de una comisión a una EPS cuando se desempeñaba como alcaldesa del municipio de Orito, Putumayo.
Según Moreno, Velásquez habría recibido parte de los dineros y lo que dice Moreno es que el caso era complejo, ya que para ese momento quienes participaron de esa contratación irregular estaban todos presos, menos ella. Incluso, en los procesos aparece gente con principio de oportunidad que señaló a Velásquez como responsable por el delito de peculado.