Pese a que se daba como victorioso y por encima de la norma, la Procuraduría sigue con todos los reflectores puestos sobre las irregularidades que habría cometido José Ramiro Bermúdez, alcalde de Riohacha, La Guajira. Bermúdez es el mismo mandatario local que había sido suspendido por el órgano de control, y que el presidente Gustavo Petro se negó a nombrar reemplazo. Esta puja, finalmente, la zanjó la Corte Constitucional que determinó que la Procuraduría sí tenía la facultad para emitir estas suspensiones.
Ahora La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, y el exalcalde, Juan Carlos Suaza, (2018 – 2019) por presuntas irregularidades en la puesta en marcha del sistema Integral de acueducto y alcantarillado en el corregimiento de Camarones, Riohacha, financiado con recursos de regalías por $ 7.481′132.237.
El Ministerio Público pudo establecer que aun cuando las obras de construcción del acueducto y alcantarillado para el corregimiento de Camarones, fueron terminadas y entregadas a satisfacción desde el 14 de noviembre de 2018, estas nunca habrían sido puestas en funcionamiento por el alcalde del momento ni por su sucesor y en cambio, se han ido deteriorando y están siendo desmanteladas por delincuentes.
“Se constató que la geomalla textil de las lagunas de oxidación de la PTAR había sido hurtada y que la maleza estaba invadiendo la obra, de lo cual obran fotografías en el expediente”, asegura el auto en uno de sus apartes.
Frente a las actuaciones del exalcalde Suaza Móvil, el Ministerio Público asegura que el proyecto perdió su derrotero, pues, para el 31 de diciembre de 2019, cuando culminó su mandato, el Sistema, entregado el 18 de noviembre de 2018, aún no había entrado en funcionamiento, perjudicando a toda una comunidad con la falta de suministro del líquido vital, con la ausencia de un adecuado alcantarillado y con el posible despilfarro de los recursos del Estado.
Con relación a las responsabilidades del alcalde, Bermúdez Cotes, la Procuraduría asegura que existe suficiente material probatorio que indica que, desde el 1 de enero y hasta el 25 de mayo de 2021, posiblemente no realizó ninguna acción administrativa tendiente a garantizar el mantenimiento y operación del Sistema.
“Al verificar el estado de las obras construidas, estas no están prestando ningún servicio a la comunidad, se evidenció que las obras fueron entregadas, pero no se les tiene garantizados la operación y mantenimiento, lo que pone en riesgo la funcionalidad y la sostenibilidad del proyecto”. agrega el documento.
El cargo endilgado a los alcaldes tiene que ver con presunta falta a su deber de conservar los equipos y bienes confiados a su administración, al no ordenar directamente o contratar durante su mandato el servicio de mantenimiento del referido Sistema. La falta fue calificada provisionalmente como Grave a título de Dolo.
El cruce entre procuradora Cabello y el presidente Petro
Para la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, el presidente Gustavo Petro está desconociendo por completo el Estado social de derecho al no atender el fallo que suspendió disciplinariamente al alcalde de Riohacha, en La Guajira, José Bermúdez, por presuntas irregularidades en una licitación pública.
“Ojalá que no se rompa la democracia o algunas instituciones cuando el presidente de la República, que desconociendo el Estado social de derecho, quiere incumplir una orden constitucional”, señaló la procuradora general, quien recordó que la Constitución Política de 1991 le otorgó las funciones para investigar, juzgar y sancionar a funcionarios de elección popular.
“En donde la competencia elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente determinó que en Colombia la lucha por la corrupción o contra la corrupción no solo la ejerce un juez penal sino la múltiples autoridades, porque la lucha contra la corrupción sobrepasa los límites casi del mundo entero, de acuerdo con estadísticas que al inicio de mi competencia les entregué”, remarcó Cabello.
Cabello a Petro: “Tiene que obedecer”
Además, sostuvo de manera enfática que, bajo ese fuero otorgado como procuradora, “todas las autoridades, incluyendo el presidente de la República, tienen que obedecer” todas las decisiones de órgano máximo, por las cuales está la legalidad y el Estado de derecho en el país como es la Corte Constitucional.
Las declaraciones de Cabello se dan luego de la postura que adoptó Petro al oponerse a las sanciones que ha proferido la Procuraduría General en contra de alcaldes que han cometido faltas disciplinarias, pues en su cuenta de Twitter volvió a lanzar pullas contra Cabello Blanco, al advertir que solo acatará las determinaciones que adopte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
En la fuerte respuesta a Petro, también indicó su preocupación ante lo que vive el país con el periodo de elecciones regionales y que “se esté dando vía libre a incumplir el Estado de derecho y la democracia y darle a los corruptos, funcionarios electos popularmente sancionados por la Procuraduría durante estos tres años, puedan aspirar y querer violar una decisión de la Corte Constitucional, inscribirse y afectar la legitimidad del ciudadano para ser candidato a las corporaciones públicas de nuestro país”.
La procuradora se mostró muy indignada y aseveró que “no es posible que en momentos electorales en nuestro país se genere un caos institucional y se le entregue a todos estos sancionados e inhabilitados por más de 30 años la posibilidad de inscribirse y ser candidatos a pesar de su sanción y de su inhabilitación”.
“Ojalá esto no sea un mal precedente, un mal ejemplo para nuestro país”, puntualizó.
La decisión del presidente de negar la suspensión provisional por tres meses al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, por probadas irregularidades en una millonaria licitación pública, parece ser el punto de quiebre en las relaciones con la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, pues ante la negativa del Ejecutivo de nombrar el reemplazo de este mandatario local, la procuradora advirtió la posibilidad del rompimiento del Estado de derecho.
Petro, quien en teoría debería expedir un decreto designando un encargado para dicho municipio —porque es una ciudad capital—, desconocerá la suspensión.
Al menos así se evidencia en una carta que el jefe de Estado le envió directamente a la procuradora Margarita Cabello el 25 de julio de 2023, en la que argumenta, entre otras razones, que dicho organismo administrativo no tiene facultades para sancionar a un alcalde en ejercicio.
Es decir, la misma tesis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que llevó a la justicia a tumbar el fallo que en su contra profirió el exprocurador Alejandro Ordóñez por el escándalo de las basuras cuando fue alcalde de Bogotá.
SEMANA conoció el documento de 24 páginas firmado con puño y letra.
“El presidente observa con preocupación que la medida cautelar de la suspensión provisional de un funcionario electo popularmente autorizada en la ley colombiana y ordenada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción”, se lee en la misiva.
Dice Petro que la medida cautelar “no es una de aquellas medidas restrictivas de los derechos políticos autorizadas en el Artículo 23 n.° 2 de la Convención ADH, ni reúne las exigencias mínimas de los estándares convencionales fijados por la Corte IDH en sus precedentes, lo que hace imposible que se proceda a expedir el acto de ejecución o cumplimiento solicitado por la autoridad administrativa, en cuanto se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente (...), implicando un serio riesgo de la responsabilidad internacional del Estado por un presunto acto ilícito internacional que, en el futuro, le sería reclamado a la República de Colombia”.
Agregó: “Encuentra, asimismo, el presidente, efectuando una interpretación del efecto útil y acorde con el principio pro homine, que solo el hecho que quien profiera la medida cautelar sea una autoridad no jurisdiccional y no en un proceso penal, desconoce la garantía material que acompaña el ejercicio del derecho político humano del Artículo 23 de la Convención ADH”.
El presidente “advierte que la medida cautelar restrictiva del derecho político que se le impone a un electo popularmente proviene de una autoridad administrativa disciplinaria, perteneciente a la estructura administrativa y funcional de la Procuraduría General de la Nación, dentro de un proceso administrativo disciplinario de naturaleza sancionatoria, lo cual entra en contradicción material con el estándar convencional fijado por la Corte IDH respecto de las funciones sancionatorias de este ente de control frente a los electos popularmente”.
Por tanto, “el presidente entiende, en virtud del control ex officio de convencionalidad efectuado, que no le asiste la obligación convencional de proferir los actos de cumplimiento o ejecución de la medida cautelar requerida por la Procuraduría Delegada Disciplinaria, en cuanto a que se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente, implicando un serio riesgo de la responsabilidad internacional del Estado por un presunto acto ilícito internacional que en el futuro le sería reclamado a la República de Colombia”.
Petro pidió devolver la solicitud al funcionario administrativo de origen “para que adopte los correctivos convencionales que correspondan en el ámbito de sus competencias”.
Además, solicitó enviar su carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “para que obre como documento de cumplimiento de lo ordenado al Estado dentro del caso Petro para Colombia; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; al embajador de Colombia ante la OEA para que sea puesto en conocimiento de los países miembros de la misma y sea leída en sesión ordinaria”.
Finalmente, el jefe de Estado anunció que remitirá los antecedentes de este asunto a la Fiscalía para que, si a bien lo tiene, adelante las actuaciones que considere pertinentes dentro de sus competencias.