Por graves errores que al parecer fueron premeditados para sacar adelante un contrato de dos mil millones de pesos para la elaboración de un diagnóstico que permita la optimización de la planta de tratamiento de agua potable y el diseño de la red de distribución del municipio de Puerto Carreño, en el Vichada, fueron formulados cargos contra la exalcaldesa, Guadalupe Figueroa Cruz y otros funcionarios de su gabinete.
“La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra la exalcaldesa (e) de Puerto Carreño (Vichada), Guadalupe Figueroa Cruz, por posibles irregularidades en el proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Casuarito, en Puerto Carreño (Vichada), que supera los $ 2 mil millones. La decisión también cobija a la entonces directora de infraestructura de la Alcaldía y supervisora del contrato, Valentina Granada Giraldo, quien elaboró los estudios previos”, informaron desde el ente de control disciplinario.
Se trata de un contrato de consultoría para la elaboración de un diagnóstico que permita la optimización de la planta de tratamiento de agua potable y el diseño de la red de distribución de la inspección del citado municipio el cual, al parecer, se habría adelantado con base en unos estudios del sector elaborados para la “Infraestructura del centro de integración ciudadana”.
Justo ese es el error, casi inexplicable, cometido por la administración de Figueroa Cruz, que tratando de viabilizar ese contrato, se habrían dado las irregularidades.
Explican desde la Procuraduría que “se cuestiona entonces a la exalcaldesa por suscribir el cuestionado bilateral con base en unos estudios que no correspondían a un contrato de consultoría y aparentemente, haber calculado de manera errónea los costos de personal, situaciones que habrían generado sobrecostos”.
Se cuestiona entonces a la exalcaldesa por suscribir el cuestionado bilateral con base en unos estudios que no correspondían a un contrato de consultoría y aparentemente, haber calculado de manera errónea los costos de personal, situaciones que habrían generado sobrecostos.
La Procuraduría también formuló cargos a la supervisora de este contrato, Valentina Granada Giraldo, directora de Infraestructura de la alcaldía Puerto Carreño, quien, al parecer, habría elaborado los aludidos estudios previos y del sector con criterios que presentaron las fallas ya mencionadas.
Adicionalmente, no habría adelantado el seguimiento, control y vigilancia correspondiente, lo que se evidenció en las deficiencias técnicas presentadas los productos entregados, los cuales “no contaban con la totalidad de la información requerida que permitiera viabilizar la ejecución de un proyecto futuro como, en efecto sucedió”.
Así mismo, la supervisora Granada Giraldo, al parecer, no exigió al contratista subsanar los requerimientos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, tras la presentación del diagnóstico y tampoco habría utilizado los mecanismos legales y contractuales para garantizar el cumplimiento óptimo del contrato.