Las presuntas irregularidades en el proceso de licitación, sobrecostos y demoras en la obra del contrato 00607 del 31 de diciembre de 2014, tienen en graves problemas judiciales al actual gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar.
Este miércoles, el fiscal once delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputó al mandatario departamental los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
Tras la exposición, el delegado del ente investigador señaló que en la construcción de la Megabiblioteca ,ubicada en la Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, se presentaron constantes irregularidades.
En los hechos, que se presentaron cuando Caicedo Omar era Alcalde (2012-2015), se habrían reportado documentos que no correspondían a la verdad sobre la ejecución del millonario contrato.
Por la gravedad de los hechos, la Fiscalía le pidió a un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que cobije con medida de aseguramiento en su respectivo domicilio al Gobernador al considerar que representa un peligro para la sociedad y, en su cargo, sigue manejando los recursos públicos del departamento.
En su exposición, aseguró que, de ser hallado culpable, Caicedo se expone a una condena de 18 años de prisión, según lo establece el Código Penal. Para el fiscal, siendo Alcalde de Santa Marta, el dirigente político omitió todas las exigencias de la contratación pública pese a la magnitud del proyecto y la importancia del mismo para la comunidad.
“El servidor público que por el ejercicio de sus funciones tramite contratos sin observancia de los recursos legales esenciales o los celebre sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de 64 meses a 216 meses, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales vigentes, e inhabilitad para el ejercicio de funciones públicas de 80 a 216 meses”, detalló.
En el delito de falsedad en documento público en calidad de autor, al considerar que envió información falsa al Secop, frente al proceso de licitación y ejecución de la obra, sosteniendo que lo ahí anexado no era correspondiente a lo que estaba pasando.
“El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba consigne una falsedad o calle parcialmente la verdad, se expone a prisión de 64 a 144 meses, e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas de 80 a 180 meses”, precisó el fiscal al explicar este segundo delito.
En la tarde de este miércoles, tras la pregunta del magistrado, Caicedo se declaró inocente y no dudó en asegurar que se trataba de una persecución política en su contra.
Obra desproporcionada
Durante la imputación de cargos, el fiscal delegado sostuvo que la naturaleza del contrato fue totalmente contrarío a lo que se realizó.
“Inconsistencia sustancial que afectó toda la cadena de inversión toda vez que no era compatible con una biblioteca escolar, sino con una biblioteca pública estatal, y por lo tanto, no debía estar articulando como forzosamente se hizo con el sector educativo sino con el de cultura”, señaló.
Igualmente, la construcción de la obra estaba dirigida a una población en particular por lo que no se podía hablar de una obra pública. Pese a su formación académica y su experiencia dentro del sector público, Caicedo continuó con la ejecución de las obras y la presentación de estos documentos.
“Desconoció, presuntamente, aspectos del tipo legal y normativo para proyectos y programas pertenecientes al sector cultura. No tuvo en cuenta las comunidades indígenas, afrocolombianas, room, población vulnerable, pobres extremos y desplazados quienes no se podían beneficiar del proyecto”.
“Usted presuntamente faltó a los principios de la contratación estatal y la función pública al tramitar sin verificar el cumplimiento de los requisitos esenciales, la documentación pública con las irregularidades que se le pusieron de presente frente a la falta de planeación y de la economía”, precisó el fiscal del caso.
“Se concertó en sacar ese proyecto pasando por encima del estatuto de contratación estatal y demás normas”, alegó el delegado del ente investigador quien advirtió que el encargado de la obra, designado por Caicedo, no contaba con la experticia para el desarrollo de la misma. “Se le dió el aval a un proyecto mal planificado”