Este jueves, el gobernador del Magdalena, Carlos Enrique Caicedo Omar, tiene pendiente una nueva imputación por su presunta participación en hechos de corrupción en el departamento. Mientras transcurre el tiempo para la realización de esta diligencia judicial el mandatario envió un comunicado en el que trató, directamente, a la Fiscalía General de “mentir” en los señalamientos que hizo en su contra.
“Mintió la Fiscalía cuando me vinculó a través de su comunicado con el ‘Robo del Magdalena’ queda claro que no he tenido vínculo”, señaló Caicedo, quien asegura que su nombre no puede ser vinculado al denominado Clan Cotes (Luis Miguel y Rosa Cotes), quienes fueron imputados recientemente.
En un tono burlesco, Caicedo rechazó los señalamientos que hizo el pasado miércoles la Fiscalía General en su contra, en medio de la imputación por las irregularidades en la construcción de la Megabiblioteca distrital cuando era alcalde de Santa Marta, en el 2014. “Considera un delito que el proyecto tenía el nombre de Biblioteca Río Manzanares y terminó inaugurándose con el nombre de la Megabiblioteca 500 años”.
Para el Gobernador, no se tuvo en cuenta que el colegio distrital San Pedro Alejandrino está a 200 metros del Río Manzanares, “que también está en Mamatoco y que en sus mismos terrenos está la Megabiblioteca”. Esto en referencia a los cambios de lugar y de nombre que le señaló la Fiscalía para imputarle el delito de falsedad en documento público.
“La Fiscalía me acusa porque construimos una biblioteca con tamaño de espacios dignos, de calidad y además con la amplitud que le diera cabida a todos los estudiantes de la ciudad de Santa Marta, y a los ciudadanos en general”, aseveró el mandatario en la primera línea de su comunicado.
Por estos hechos, y teniendo la gravedad por el mal manejo de los recursos públicos, la Fiscalía General le pidió a un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que dicte medida de aseguramiento domiciliaria. Esta diligencia continuará el próximo 14 de abril.
De ser hallado culpable por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público se expone a una condena de 18 años de prisión. Los hechos tienen relación con los sobrecostos (cerca de cuatro mil millones de pesos), demoras en la entrega de la obra (tres años), entrega de informes irregulares al Secop y hasta por el cambio de nombre del proyecto que buscaba frenar la deserción estudiantil y darle herramientas a los estudiantes para sus labores académicas y hasta lúdicas.
Caicedo, quien irónicamente siguió la audiencia desde una de las salas de la Megabiblioteca, se declaró inocente de estas acusaciones asegurando que todo hace parte de una persecución política por parte de la Fiscalía General.
La nueva imputación
La Fiscalía General le imputará los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público agravada. Esto por los hechos irregularidades que se habrían presentado con la firma del contrato del 1 de abril de 2015 para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda, en la ciudad de Santa Marta.
El ente investigador sostiene que en este caso se habría presentado un peculado de 979 millones de pesos por los sobrecostos de la realización de la obra, la cual tenia un valor inicial del 6.954 millones de pesos. La documentación recolectada arrojó que el contrato no ha sido liquidado pese a todas las demoras y, solamente en diciembre de 2022, se reanudaron, lo que indica que por años se presentó documentación que no correspondía a la verdad.