Dentro de los 31 nombres que fueron preseleccionados para el cargo de registrador nacional algunos suenan con más fuerza, como el del actual director de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo Assis, junto a los también exmagistrados del Consejo Nacional Electoral Alexander Vega y Gilberto Rondón. Los 31 aspirantes presentarán una prueba escrita y de quienes obtengan los 10 mejores será escogido el nuevo registrador. Esta tarea le corresponde a los presidentes del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. En la recta final de esta elección los intereses se mueven más que nunca. Puede leer: La pelea por la Registraduría Varias fuentes le han asegurado a SEMANA que Camargo estaría usando la federación para apalancar su aspiración a registrador nacional, y que además, el manejo que le ha dado a los recursos de la entidad no son los mejores. Hay que tener en cuenta que la federación es autónoma, pero se financia con recursos provenientes del recaudo de impuestos a licores y cigarrillos. Por ejemplo, Camargo hizo compras que a primera vista son personales con la tarjeta corporativa de la federación que suman varios millones de pesos. El 24 de mayo gastó 1,2 millones de pesos en la tienda Salvatore Ferragamo de la calle 82. Ese mismo mes hizo una compra de 700.000 pesos en la tienda de accesorios Tous en el Centro Comercial Andino. El 9 de junio gastó 462.000 en Brillos de plata, y poco después, el 19 de junio la compra fue de 300.000 en Tommy Hilfiger. También se pagaron 2,209 millones de pesos en rosas.

Según la federación las "flores, hoteles y joyería son gastos corporativos". En el extracto de mayo a junio, se reportan compras por cinco millones de pesos, con un saldo anterior de 12 millones de pesos. Al ser consultado por estos gastos, Camargo aseguró que las compras personales que hizo con la tarjeta corporativa fueron de cuatro millones, los cuales reintegró el pasado 3 de agosto.

Además, SEMANA encontró una serie de contratos de la Federación Nacional de Departamentos, que dirige Camargo, con personas cercanas a los altos tribunales que escogen al registrador nacional. Al indagar, por medio de un derecho de petición sobre la forma en que estas personas se vincularon, la entidad respondió que sus contratos se rigen por el derecho privado y que deben proteger los datos personales. Esto a pesar de que en el mismo documento se reconoce que la entidad “maneja fondos públicos”. En contexto: Elección de registrador: los contratos departamentales En la lista se encuentra Liliana del Rosario Araújo Oñate, hermana de la magistrada del Consejo de Estado Mercedes Rocío Araújo Oñate. El contrato con la federación es por 70 millones de pesos para asesorar la oficina de Control Interno, fue suscrito desde el 15 de mayo de 2019 hasta el 14 de octubre de este año.

Según la magistrada Araújo, la vinculación de su hermana no tiene “relación con la aspiración del doctor Camargo”, dado que ella fue contratada por su “experticia en gestión y control interno y por contacto directo de la oficina de talento humano con ella”. Consulte: Elección de registrador: cuñado de presidenta del Consejo de Estado sale del FND La FND también contrató a la exmagistrada del Consejo de Estado Martha Teresa Briceño de Valencia, quien terminó su periodo constitucional en el 2016. Fue contratada para asesorar la dirección ejecutiva y la secretaría general, por un monto de 15 millones de pesos, desde el 4 hasta el 31 de diciembre de 2018. La exmagistrada aseguró que para la fecha en que fue contratada no tenía “idea de la aspiración” de Camargo a la Registraduría. “No veo tampoco ninguna relación del contrato con la aspiración, de un lado, por la importancia del informe en favor de los departamentos y, de otro, porque no veo cómo yo pueda incidir en esa elección si mi perfil político es cero”, aseguró a SEMANA.

Otro contrato por 17 millones de pesos fue suscrito con Alier Eduardo Hernández, exmagistrado y amigo personal de Ramiro Pazos, magistrado de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Hernández fue contratado del 15 de noviembre de 2018 al 15 de diciembre de ese año para asesorar jurídicamente a la dirección ejecutiva de la federación en la liquidación de un contrato. "Yo no encuentro ninguna relación entre este contrato y la actual aspiración del doctor Camargo que, para el momento de su celebración, no se conocía o al menos para mí era completamente desconocida", aseguró Hernández a SEMANA.

En 2019 también contrataron, por 40 millones de pesos, a José Fernando Gómez, hijo de la exmagistrada del Consejo de Estado María Claudia Rojas, quien dice que no se trata de un favor político. El 15 de enero hicieron lo propio con Alfredo Bula Dumar, exdirector de Fonade, por 49 millones de pesos. Bula aseguró que nunca llegó a un acuerdo, sin embargo, en el contrato aparece su firma.

Malka Irina Guerrero Castillo, exoficial Mayor del Consejo de Estado hasta el 20 de diciembre de 2016, fue contratada en la federación por 17 millones de pesos para asesorar jurídica y conceptualmente a la Secretaría General de la federación en lo relacionado con las funciones a su cargo. Su contrato está vigente desde el 22 de mayo hasta el 21 de julio de 2019. Otro contrato que está vigente es el de Sonia María Castro Mora, esposa de Alberto Yepes, exmagistrado del Consejo de Estado. Castro fue contratada por 30 millones desde el 16 de mayo hasta el 15 de agosto de 2019, para asesorar en asuntos relacionados con el estudio de la normatividad aplicable a la actividad de juegos de suerte y azar.

Entre los nombramientos además está el de Judith Rocha, esposa del magistrado de la Corte Suprema Aroldo Quiroz. Él asegura que a ella la contrataron desde abril de 2018, cuando Felipe Córdoba todavía dirigía la FND, y que este año le renovaron el contrato de prestación de servicios. “El cargo de mi esposa nada tiene que ver con la aspiración, porque yo no participo de la elección de registrador”. Otro caso relevante es el del exministro de Justicia Enrique Gil, asesor jurídico del FND. Gil asegura que él no influiría en la posible aspiración de Camargo, porque desde hace cinco años terminó su periodo en el Consejo de Estado. Esta revista consultó a Camargo sobre las denuncias. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Más allá de la guerra sucia que va a comenzar en la batalla por la Registraduría, SEMANA conoció las preocupaciones de varios mandatarios regionales, frente a la gestión de Camargo. Por estos días se adelanta en Paipa la cumbre de gobernadores y seguramente el tema saldrá a la palestra.