Mientras cumple dos condenas por sobornar a jueces de la República, el empresario Carlos Mattos fue notificado de la apertura de otro proceso penal en su contra. Este tiene que ver con las atípicas pero constantes salidas de la cárcel La Picota, de Bogotá.
Aprovechando los permisos que le otorgaron para ir a citas médicas, por su complicado estado de salud, el expresidente de Hyundai Colombia utilizaba los vehículos del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) para ir a una oficina de su propiedad ubicada en calle 106 con carrera 19, en el norte de Bogotá, para reunirse con sus abogados y clientes.
El próximo 15 de julio, la Fiscalía General le imputará los delitos de peculado por uso, cohecho y prevaricato por omisión. Para el ente investigador, el empresario fue el que ejerció presiones para que los dragoneantes lo trasladaran del centro médico hasta la oficina, pese a que no tenía ningún tipo de permiso para eso.
Después que estallara este escándalo se ordenó la salida del director del Inpec, general Mariano Botero Coy. Igualmente, se ordenó la investigación disciplinaria en contra de los dragoneantes que acompañaron a Mattos en sus injustificadas “idas” a la oficina.
Mattos, pese a las medidas de aseguramiento que existían en su contra, tuvo doce salidas. La primera se registró el 14 de diciembre de 2021 para asistir a un servicio de neurología en la Asociación Médica de Los Andes, ubicado en el norte de Bogotá.
Los días 17, 21, 29 y 30 de diciembre también recibió permisos para salir de la cárcel a citas médicas. El 11 de enero de 2022 se le dio un aval para que se realizara unos exámenes de laboratorio. El 21 de enero tuvo una salida de urgencia por un accidente que sufrió. El 10, 11, 21 y 25 de febrero volvió a salir.
Desde el Ministerio de Justicia se ordenó la revisión de los permisos otorgados a Mattos. Igualmente, se restringieron las salidas del empresario.
Mattos se encuentra cumpliendo una condena de cuatro años tras aceptar su responsabilidad en el delito de cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos) por crear un esquema para desviar una tutela ante los juzgados civiles municipales de Bogotá con la que buscaba que se emitiera una medida cautelar que le permitiera seguir vendiendo vehículos de la marca Hyundai en Colombia.
Mattos pago cerca de un millón de dólares a funcionarios y empleados de la Rama Judicial para que se alterara el sistema de repartos, con el fin que el expediente llegara al juzgado sexto civil municipal que presidía Reynaldo Huertas para que avalara las pretensiones del empresario.
Igualmente, tiene otra sentencia a cinco años y diez meses de cárcel en su segundo proceso por entregar 100 millones de pesos a la jueza que dejó en firme las medidas cautelares que le permitieron seguir incrementando su patrimonio económico.