El juez 30 de conocimiento de Bogotá ordenó investigar a los fiscales, abogados y todo aquel que hubiese tenido participación o conocimiento en el preacuerdo que se firmó a inicios del presente año entre la Fiscalía General y el empresario Carlos José Mattos Barrero en los dos procesos que se le adelantaban por el denominado caso Hyundai. Esto después de que el periodista Gonzalo Guillén allegara un correo electrónico en el que alegaba que se habían presentado irregularidades durante la negociación.
En su mensaje, Guillén señaló que tras la charla que sostuvo con el abogado Iván Cancino -quien durante muchos años fue el abogado de Carlos Mattos- llegó a la conclusión que se habría presentado una conducta penal y disciplinaria. Incluso, se citó al mismo juez en este tipo de conductas que serían contrarias al Derecho. “Me permito comunicar que el día de ayer solicité a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, se inicien las investigaciones correspondientes a establecer los hechos puestos en conocimiento”.
En el documento, el funcionario judicial manifiesta que es necesario que se investiguen los hechos puestos de presente por el periodista Gonzalo Guillén Jiménez y que habrían sido comunicados por el abogado Iván Cancino González en una llamada telefónica.
Este viernes, el mismo juez 30 de conocimiento leerá el fallo contra Carlos Mattos en el proceso que se le adelantó por haber pagado millonarios sobornos para alterar el sistema de repartos de los juzgados civiles municipales de Bogotá y así lograr que la acción de tutela presentada por el empresario fuera direccionada al despacho del juzgado sexto civil que presidía Reynaldo Huertas.
Para esto, Mattos sobornó a todas los funcionarios y empleados de la Rama Judicial que tenían algún tipo de conocimiento o participación en el sistema de repartos en los juzgados civiles de Bogotá, así como aquellos que trabajaban en el despacho del juez Huertas.
El fallo se emitirá luego de que el empresario aceptara su responsabilidad en los delitos de cohecho y daño informático. Mattos, quien actualmente se encuentra privado de su libertad en la cárcel de Cómbita (Boyacá), anunció que reparará a la Rama Judicial y ofrecerá excusas públicas por los daños causados.
Este jueves, el empresario aceptó su responsabilidad en el pago de 100 millones de pesos a la jueza 16 civil municipal de Bogotá, que dejó en firme las medidas cautelares que lo beneficiaron.
Durante cinco años Mattos evadió a la justicia colombiana asegurando que era víctima de una persecución judicial, para lo que incluso pidió asilo en España, tras su extradición en noviembre de 2021 empezó a tocar las puertas de la Fiscalía General para negociar un acuerdo.