Este miércoles, antes del inicio de la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía General y el empresario Carlos Mattos le informarán al juez de conocimiento sobre la firma de un preacuerdo en el denominado caso Hyundai.

En el documento, que fue firmado por las dos partes este lunes 18 de enero tras una extensa negociación, se fija una condena de 56 meses de prisión (cuatro años y medio) para el empresario colombo-español por planear y poner en marcha un plan para direccionar una demanda en los juzgados civiles de Bogotá, con el objetivo de resultar beneficiado con unas medidas cautelares y así seguir vendiendo los carros de la marca coreana en Colombia.

Mattos, quien se encuentra actualmente privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, se compromete a pagar una indemnización de dos millones de dólares a la Fiscalía General y a la Rama Judicial por los daños y perjuicios causados con su acción. Igualmente, aceptaría su plena responsabilidad en el delito de cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos).

En la negociación se estableció que seguirá privado de su libertad en centro carcelario, es decir, no obtendrá el beneficio de detención domiciliaria o libertad condicional.

Una fuente cercana señaló que Mattos lideró, sin el acompañamiento de sus abogados, toda la negociación con la Fiscalía. Cuando llegó a un principio de acuerdo le comunicó a sus dos juristas de confianza su decisión, situación por la cual ellos lo acompañaron a una reunión con el fiscal que ha liderado desde hace cinco años la investigación por este entramado de corrupción que permeó la Rama Judicial.

En este caso será el juez de conocimiento el que tenga la última palabra. Para esto necesitará escuchar a las dos víctimas reconocidas en este proceso penal y a la Procuraduría General.

Este proceso está relacionado con 100 millones de pesos que le habría enviado Mattos en una caja de zapatos a la jueza 16 civil municipal de Bogotá (quien ya fue condenada tras aceptar cargos), quien dejó en firme las medidas cautelares que beneficiaron al entonces presidente de la empresa encargada de vender los vehículos de Hyundai en Colombia.

El empresario, quien fue extraditado de España el pasado 18 de noviembre, enfrenta otro proceso penal por los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático. Este proceso se reactivará en mayo y se espera que Mattos también reconozca su participación mediante la firma del preacuerdo, acuerde el pago de una indemnización para las víctimas reconocidas y presente excusas públicas.

Para lograr su plan, Mattos habría pagado millones para que la demanda que presentó vulnerara el sistema de reparto que es manejado por un sistema para que llegara directamente al despacho del juez sexto civil municipal de Bogotá, Reynaldo Huertas (quien enfrenta un juicio por estos hechos), para que en tiempo récord fallara y lo beneficiara.

En el intermedio, Mattos sobornó a empleados y funcionarios de la Rama Judicial con el único fin que alteraran el sistema, que se consideraba hasta ese momento extremadamente seguro, y lograran que la acción judicial fuera direccionada.

Con esta aceptación de cargos que representa una condena se pondría punto final a uno de los escándalos que más ha afectado a la Rama Judicial en su historia.

Por el momento, solamente enfrentarían un juicio Alex Vernot, quien fue abogado de Mattos, y el juez Reynaldo Huertas. Todos los implicados ya fueron condenados.