El empresario Carlos Mattos se salvó de enfrentar un juicio por dos delitos en el marco del proceso penal que se le adelanta por pagar millonarios sobornos a funcionarios de la Rama Judicial, para direccionar una acción de tutela que había presentado para poder seguir comercializando en Colombia vehículos de la marca coreana Hyundai.
Con esto, Mattos no será procesado por los delitos de utilización ilícita a redes de comunicación y acceso abusivo a un sistema informático y daño informático puesto que el reino de España considera que “estas conductas no son consideradas como un delito”. Con esta decisión, el empresario será judicializado por los delitos de cohecho (entrega de sobornos) y daño informático.
Esto teniendo en cuenta los principios y lineamientos del tratado de extradición firmado entre las dos naciones que señala que la persona “solo podrá ser juzgada por el crimen que motivó la extradición”, situación que llevó a la Fiscalía General a pedir la ruptura procesal y pedir la preclusión por los dos delitos.
Los principios y lineamientos del tratado de extradición firmado entre las dos naciones que señala en 1895 señala que la persona “solo podrá ser juzgada por el crimen que motivó la extradición”, situación que llevó a la Fiscalía General a pedir la ruptura procesal y pedir la preclusión por los dos delitos.
Debido a que ni la Procuraduría ni los representantes de las víctimas y la defensa de Mattos se opusieron a los planteamientos de la Fiscalía General, el juez 30 de conocimiento ordenó cerrar el caso.
Mattos, quien actualmente se encuentra privado de su libertad en la cárcel de máxima seguridad de Combita (Boyacá), recibirá una rebaja considerable en su sentencia.
El empresario colombo-español reconoció haber planeado y puesto en marcha un plan para que la tutela que presentó fuera direccionada al juzgado sexto civil municipal de Bogotá que estaba a cargo de Reynaldo Huertas para que emitiera unas medidas cautelares que lo beneficiaron en un litigio judicial que tenía con una empresa ecuatoriana por la comercialización de vehículos Hyundai.
Para esto, Mattos sobornó a todas los funcionarios y empleados de la Rama Judicial que tenían algún tipo de conocimiento o participación en el sistema de repartos en los juzgados civiles de Bogotá, así como aquellos que trabajaban en el despacho del juez Huertas.
Pese a que durante cinco años Mattos evadió a la justicia colombiana asegurando que era víctima de una persecución judicial, para lo que incluso pidió asilo en España, tras su extradición en noviembre de 2021 empezó a tocar las puertas de la Fiscalía General para negociar un acuerdo.
Fue así como en enero pasado firmó un preacuerdo en el que se fijaba una condena de cuatro años y seis meses de prisión, la reparación a las víctimas y el pago de dos millones de dólares para reparar los daños causados a la Rama Judicial y la Fiscalía General. Sin embargo, dicho preacuerdo de cayó puesto que el juez consideró que la pena era muy baja.
A Mattos le llegó un salvavidas emitido por el Reino de España que consideró que el empresario no podía ser juzgado por los cuatro delitos de los que fue acusado, esto debido a que el tratado de extradición era muy claro al fijar los cargos por los que debía ser juzgado en Colombia. Esta tesis fue esgrimida y defendida por su exabogado Iván Cancino, y finalmente tuvo la razón.
El empresario enfrenta otro proceso por haberle enviado 100 millones de pesos en efectivo a la jueza 16 civil de Bogotá, Carmen Ligia Pérez, quien dejó en firme las medidas cautelares que lo beneficiaron. El próximo 21 de abril se reanudará la audiencia en la que el empresario también podría aceptar cargos.