Carlos Gustavo Palacino Antía, el otrora todopoderoso presidente de la SaludCoop, fue condenado a diez años de prisión por su responsabilidad en el millonario desfalco a la mencionada EPS. El Juzgado 49 de Conocimiento de Bogotá lo sentenció por los delitos de fraude procesal, estafa y falsedad en documento privado.

Después de siete años de juicio, Palacino fue hallado responsable de la apropiación irregular de los recursos que giraba el Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga) para sus inversiones personales con una empresa que había fundado, la compra de apartamentos y vehículos, generando así un desfalco avaluado en los 398 mil millones de pesos entre los años 2000 y 2004.

Tras avalar los argumentos esgrimidos por la Fiscalía General, que fueron apoyados por la Procuraduría, el juzgado determinó que en efecto Palacino participó en su condición de presidente del Grupo SaludCoop en el desvío de los recursos parafiscales para aumentar su patrimonio personal, afectando así el sector de la salud.

Con el único fin de evitar llamar la atención de las autoridades se falsificaron y alteraron reportes financieros, igualmente se intentó darle apariencia de legalidad a los gastos y así ocultar el peculado.

Para el juzgado, las pruebas documentales presentadas a lo largo del juicio por medio de peritos revelaron que en efecto se presentó una “liquidez” ficticia de la EPS. Así lo señala el reporte de la liquidadora de EPS en 2019 que permitió ver las graves falencias en el manejo de las cuentas.

Debido a esto se le impuso una multa de 296 mil millones de pesos por los daños causados. Igualmente, fue inhabilitado de por vida para contratar con el Estado y ejercer cargos públicos.

En los alegatos de conclusión celebrados en octubre de 2021, la Fiscalía General señaló que cuando fue cuestionado por el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), Palacino presentó documentación falsa que señalaba la inversión de estos recursos en otras actividades. Para esto utilizó activos fijos, apropiación de reservas voluntarias y gastos u operaciones económicas, sin relación con el servicio de salud, con cargo a la UPC (Unidad de Pago por Capitación).

En la investigación, se comprobó la probable responsabilidad directa de Palacino Antía, en favor de terceros, en la apropiación de $398.106.053.537 entre 2000 y 2004, valor que excedió los recursos propios generados en ese período y que fue destinado para sufragar inversiones y gastos que debían ser pagados por la persona jurídica y no con las rentas parafiscales.

En la audiencia de alegatos de conclusión, la Procuraduría General pidió también fallo condenatorio en contra del expresidente de SaludCoop.

Palacino se encuentra en libertad desde agosto de 2019 cuando el Tribunal Superior de Bogotá determinó que se presentó un vencimiento de términos. Una vez quede en firme la sentencia de primera instancia, se emitirá una orden de captura en contra del expresidente de SaludCoop.

El 9 de marzo de 2018, Palacino fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía General para que respondiera por un supuesto peculado calculado en $770.000 millones. Para los investigadores, el expresidente de Salucoop habría desviado dineros de la EPS más importante de Colombia para inversiones que no se podían realizar con plata de la salud de los colombianos.

En 2010 Palacino fue retirado de su cargo luego de que la Superintendencia de Salud interviniera el sistema y se identificara un desfalco de 1,4 billones de pesos, según la Contraloría. La apropiación indebida de recursos provenientes de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) y rentas parafiscales se habría realizado entre los años 2000 y 2004. Según el ente investigador, este se calcula en 40.000 millones de pesos, lo que a 31 de diciembre de 2017 asciende a los 770.000 millones.

En las cuentas del ente de control está que los 7.000 afiliados de entonces terminaron pagando inversiones nacionales, inversiones en el exterior (México y Ecuador), adquisición de planta y equipo (activos fijos), inversiones permanentes, préstamos a socios y trabajadores y pago de deudas.

Por estos hechos de corrupción, en 2012 la Procuraduría General le impuso la máxima sanción disciplinaria (20 años). Esto por utilizar de manera indebida los recursos públicos de la salud.