El exsenador del Partido de la U, Carlos Roberto Ferro Roja, fue citado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación que se le adelanta por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito. La indagación se desprende luego que el excongresista fuera señalado de exigirle, presuntamente, parte del salario que devengaba un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
Ferro, deberá presentarse con su abogado de confianza ante los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, para presentar sus argumentos frente a los señalamientos en su contra frente a la supuesta exigencia del salario. El entonces senador habría cotizado a su seguridad social para que sumara semanas para su pensión de manera irregular.
En 2015, el nombre de Ferro, quien para el momento era viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio Interior, fue señalado de hacer parte de la denominada comunidad del anillo, una red de prostitución que, aparentemente, funcionaba en el interior de la Policía Nacional. Esto después que el capitán Ányelo Palacios, el principal testigo de este caso, asegurara ante la Procuraduría General que se había reunido varias veces con Ferro.
Palacios le entregó al organismo de control disciplinario un video, de catorce minutos de duración, en el que hablaba con Ferro de temas sexuales, esto mientras se movilizaba en su camioneta por las afueras de Bogotá. Poco después, el 16 de febrero de 2016, Ferro renunció a su cargo.
El entonces procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado anunció que ese video iba a ser analizado en medio de las investigaciones disciplinarias que se adelantaban por el tema de la “comunidad”.
En ese momento, el organismo de control disciplinario quería establecer la relación entre oficiales de la Policía con esta red. En el video fue mencionado un coronel que fungía como jefe de seguridad del Congreso y habría sido el enlace en la Institución y el Legislativo.
Como una red de prostitución, se ponían en el “mercado” varios cadetes y agentes de la Policía. Igualmente, se establecían los perfiles para los favores sexuales que pedían los clientes.
“Con el ánimo de probar la red de prostitución masculina de la que posiblemente fue víctima, el señor capitán Ányelo Palacios efectuó algunos señalamientos en contra del doctor Carlos Roberto Ferro, senador de la República para el momento de los hechos que se denuncia (…) el anterior testigo no solo relato que oficiales de la Policía estarían involucrados en la red de prostitución, sino que ese modus operandi también se pudo haber presentado en el Congreso a través de oficiales de la Policía como el entonces coronel Jerson Castellanos, quien posiblemente era el enlace en dicha corporación”, señalaba uno de los autos de la Procuraduría por medio del cual se abría la investigación preliminar.
Según el Ministerio Público, la finalidad de esta presunta irregularidad sería lograr apoyo político para ascender en la carrera policial. “Esa práctica, conforme a lo dicho por el declarante, pudo haber ocurrido entre los años 2004 y 2008, período en el cual algunos policías serían obligados a llevar una bandera para que algunos congresistas pudieran escoger aquellos uniformados que fueran de su agrado o de su gusto con el fin de satisfacer sus deseos sexuales”.
En medio del escándalo, la Procuraduría reseñó que no abrirá investigación contra el funcionario (Ferro) porque ya pasaron los cinco años desde la comisión de los hechos, sin perjuicio de que en lo sucesivo se puedan recaudar otras pruebas que acrediten dichos hechos irregulares.
No obstante, el Ministerio Público advierte que como esos episodios podrían tener incidencia penal, pues “habría elementos que permitirían inferir conductas punibles de proxenetismo, inducción a la prostitución y trata de personas de miembros de la Policía Nacional”, traslada copias a la Fiscalía para que investigue estos turbios hechos.