Carlos Hernán Rodríguez, el saliente contralor general, le pidió al presidente Gustavo Petro; al director de la Policía Nacional, general William Salamanca, y al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, que se tomen las medidas para que se le siga garantizando su seguridad.
En rueda de prensa, Rodríguez anunció que, pese a que no ha recibido amenazas de muerte, las acciones que adelantó durante sus ocho meses de gestión si lo ponen en una situación vulnerable. “A parte de los riesgos normales del ejercicio del cargo, hemos recuperado más de 315 mil millones de pesos, y hemos aperturado juicios de responsabilidad fiscal por cuatro billones de pesos. Ahí uno toca muchos intereses”.
Estas decisiones, aclaró, han tocado a alcaldes, gobernadores, dirigentes políticos y funcionarios de todas las regiones. “Eso me representa un nivel de riesgo. Yo he visto ahora, ‘no en vista que ya salió toca levantarle la medida’. Yo tengo un nivel de riesgo en el que le pido al Estado que me proteja, que creo que es una circunstancia que va mucho más allá”.
La aclaración
En el recurso de aclaración pide que el Consejo de Estado defina “a partir de qué momento se invalida la elección”, esto en referencia a que no hay una claridad sobre uno de los puntos principales que hace referencia al examen de la Universidad Industrial de Santander (UIS). “Hay algo que se llaman derechos adquiridos de la buena fe”.
“Apenas va a iniciar mi pelea para el respeto de mis derechos”, aseveró. “Quiero que se me aclare a partir de qué momento quedó nulo el procedimiento. Si reviso la providencia en ningún momento se hace mención al informe que envió la Universidad”.
Rodríguez fue claro al señalar que no tiene ninguna responsabilidad sobre la decisión, que son sus derechos los que han sido afectados y recordó que “el Congreso de la República, no esté sino el anterior, me excluyó de la lista de personas facultadas para ser elegibles. Fue ese mismo Congreso el que hizo la nueva lista, pero no había razón para excluirme, excepto el género, pero yo cumplía con todos los requisitos”.
Como lo anticipó SEMANA, la defensa de Rodríguez presentó una aclaración que permitirá que el “fallo se adecúe” al Derecho. “La sentencia judicial afecta mis derechos como ciudadano y como persona que participó en un proceso de elección (...). Jamás he tenido un juicio de reproche”. Aseguró que cumplió con todos los trámites que ordena la ley y que se ganó su lugar en la lista al tener la mejor calificación en el examen.
La pregunta clave
En el recurso de aclaración pide que el Consejo de Estado defina “a partir de qué momento se invalida la elección”, esto en referencia a que no hay una claridad sobre uno de los puntos principales que hace referencia al examen de la Universidad Industrial de Santander (UIS). “Hay algo que se llaman derechos adquiridos de la buena fe”.
Mientras tanto planteó que la persona llamada a reemplazarlo en su cargo es, jurídicamente, el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, “las normas legales reglamentan el funcionamiento de la Contraloría y determinan con claridad que quién suplirá las ausencias definitivas del Contralor le corresponderá a la persona que funja, en ese momento de ejecutoria de la sentencia, como vicecontralor general, esa persona deberá estar en el ejercicio del cargo hasta el momento que se realice una nueva elección”.
“El contralor general no ha sido destituido y les pido que hagan claridad sobre esa situación, lo que se ha presentado es la anulación de un procedimiento frente a un tema de la elección”, aclaró. “Esto siempre ha sido una lucha, que ya llevo un año, es que a mí me excluyeron deliberadamente de una lista que pasó la universidad de 20 personas habilitables para ser seleccionadas y ahí tuve el primer lugar en una prueba de conocimientos”.
El saliente contralor general indicó que siempre cumplió con todos los requerimientos establecidos por la ley y en cumplimiento de un fallo del Tribunal: “Faltaba más que tuviera la culpa el contralor de cumplir las normas que el Estado me impone”
“El Congreso de la República, no este sino el anterior, me excluyó de la lista de personas facultadas para ser elegibles. Fue ese mismo Congreso el que hizo la nueva lista, pero no había razón para excluirme, excepto el género, pero yo cumplía con todos los requisitos”, aseveró.
Carlos Hernán Rodríguez ya presentó el recurso de aclaración ante el Consejo de Estado frente al fallo que anuló su elección como contralor general de la República para el periodo 2022-2026. En uno de los aportes conocidos por SEMANA, el jefe del control fiscal le pedirá al alto tribunal que establezca que se pueda presentar nuevamente al cargo.