En nueve meses, desde que SEMANA destapó un nuevo escándalo por actividades de inteligencia irregulares protagonizadas desde batallones del Ejército, las acciones de la Fiscalía para procesar a los responsables han sido nulas. La gravedad de los hallazgos periodísticos fueron parcialmente confirmados en un allanamiento realizado por la Corte Suprema de Justicia al batallón de Ciberinteligencia de Facatativá. No obstante, ninguno de los esfuerzos investigativos ha desembocado en acciones penales contundentes, que respondan a las voces que reclaman justicia en Colombia y en la comunidad internacional. El precupante panorama fue alertado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que acaba de publicar un pobre balance del resultado de los procesos y subraya que “los avances frente al caso de perfilamientos son mínimos y no proporcionan garantías para la libertad de prensa ni para la protección a las fuentes”.
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Mientras que la Procuraduría pudo llamar a juicio disciplinario a 13 miembros del Ejército por los perfilamientos en tan solo cuatro meses, la Fiscalía solo ha anunciado informalmente entrevistas a cinco de los mismos sin que se registre ningún desarrollo. Con base a las declaraciones recibidas por la Procuraduría y las evidencias técnicas halladas en celulares y dispositivos electrónicos, el Ministerio Público ha podido establecer que existía la orden de oficiales de adelantar los perfilamientos y que eran a su vez oficiales del más alto rango los destinatarios de dicha información.
“En mayo de 2019 recibí una llamada del señor teniente Trujillo para que me comunicara con el señor teniente coronel Rozo, ahí me dio la orden de buscar en fuentes abiertas la información sobre Nicholas Casey. Me dijo haga lo que usted hace siempre. Esa es una orden del señor general García Luna”, contó uno de los militares ante el Ministerio Público. Este mismo uniformado aseguró que estuvo en varias reuniones con sus superiores para hablar sobre estos temas. “Llegó el general García. Otro general de allá nos prestó una oficina mientras llegaba el alto mando militar, yo supongo que era el general Nicacio Martínez”, confesó. Pero esta información, para la Fiscalía parece irrelevante. El ente investigador reportó que realizó una inspección al expediente de la Procuraduría, sin que hasta ahora haya anunciado ninguna vinculación formal de presuntos responsables al proceso.
"La Fiscalía no informó los nombres de los periodistas víctimas, tampoco brindó detalles de cómo identificó a las víctimas, ni de los criterios que utilizó para afirmar que el número de víctimas es considerablemente menor", señaló la Flip.
Y no solo eso. El 4 de mayo de 2020, el fiscal general anunció que desde enero comenzó una investigación por delitos de violación ilícita de comunicaciones, uso ilícito de equipos trasmisores, entre otros delitos, y que dentro de este expediente sería citado a interrogatorio el general en retiro Nicacio Martínez. Cuatro meses después dicha diligencia no se ha realizado.
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Además del contraste en la celeridad de las investigaciones, la Flip alerta por un frente sensible y sería una limitación al acceso de la información que se estaría dando desde el búnker. Según la Fundación que defiende la libertad de prensa, el 11 de agosto de la Fiscalía General de la Nación respondió a un derecho de petición en donde afirma que, contrario a lo publicado en Revista Semana, "no fueron 130 blancos los objetos de acciones ilegales de monitoreo, seguimientos, interceptaciones, perfilaciones, trabajos especiales por el Ejército Nacional, sino un número de personas que no supera los 20". Esta respuesta resulta cuestionable, pues refleja no solo los pocos esfuerzos para recolectar la totalidad de la información sino una valoración parcial del peritaje que ordenó la Corte Suprema y que realizó la Procuraduría General. Este reporte técnico reveló la existencia de decenas de carpetas, que en su interior estaban subdivididas en capítulos con información de alrededor 60 víctimas. De hecho, solo los perfilamientos a los investigadores del equipo Rutas del Conflicto suman 20 víctimas. En este contexto, la conclusión del ente investigador resulta alarmante, teniendo en cuenta que el Ministerio Público a través de testimonios ha conseguido llegar a información de perfilamientos a más de un centenar de víctimas.
"La Fiscalía no informó los nombres de los periodistas víctimas, tampoco brindó detalles de cómo identificó a las víctimas, ni de los criterios que utilizó para afirmar que el número de víctimas es considerablemente menor", señaló la Flip.
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En medio de esta alarma, una nueva situación amenaza con impunidad el futuro de las investigaciones. La investigación de la Corte Suprema se adelanta por la presunta participación del expresidente Álvaro Uribe como el destinatario de esta información. Pero este caso -igual que otros que cursan en este tribunal contra el exmandatario- tendrían que ser asumidos por la Fiscalía General dado que Uribe renunció a su curul al Senado. Esto quiere decir, que el futuro del caso se podría terminar concentrando en su totalidad en el despacho de la fiscal delegada ante la corte Alexandra Ladino, en donde hasta ahora no ha habido ningún desarrollo. A pesar de los campanazos de alerta de autoridades en Colombia, de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de miembros del mismo Congreso de Estados Unidos -por el uso indebido de los recursos de ayuda internacional para fines ilegítimos- el futuro del caso es desalentador.
La FLIP no solo hace un jalón de orejas a las autoridades responsables sino a la Comisión Parlamentaria para Asuntos de Inteligencia para que tome cartas en el asunto garantice controles externos a los servicios de inteligencia. No obstante, todo parece indicar que este caso, así como otros que en el pasado dejaron en evidencia los excesos cometidos desde los organismos de inteligencia, están destinados a quedar en la impunidad.