La Corte Suprema de Justicia explicó por qué los casos de los congresistas Iván Name y Andrés Calle, continuarán en el despacho del magistrado Francisco Farfán, a pesar del cambio de magistrado que se dio en el caso de los otros siete congresistas que están siendo investigados por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Esa reasignación del caso Manzur, que generó una tensión entre la magistrada Cristina Lombana con los otros integrantes de la Sala de Instrucción, no llegó hasta la investigación de los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, pues esos casos no sufrieron cambios.

Sin embargo, el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia explicó que el cambio de la investigación contra los siete congresistas que llevaba el magistrado Héctor Javier Alarcón al despacho del presidente de la Sala de Instrucción, el magistrado Misael Rodríguez, fue para asignar una sola línea de investigación en esos procesos. Pero el gran interrogante quedó en el caso de Iván Name y Andrés Calle, quienes también están siendo investigados por las irregularidades en la UNGRD.

El magistrado Chaverra explicó que esa decisión se debe a que “los casos entre Name y Calle están en cabeza del magistrado Farfán, pero cuando se estudió en el marco de la Sala lo relacionado con esa temática se pudo ver que esos casos están relacionados con presuntas coimas de un solo contrato: carrotanques”.

Y agrego que “todo lo referente a los otros casos donde se involucra a siete congresistas, se habla de un presunto concierto para delinquir, ya es una situación de un entramado, según la investigación macro, que involucra varios contratos”.

Los documentos son claros al señalar el papel que habrían cumplido el exministro Luis Fernando Velasco, el expresidente del Senado Iván Name, el ministro Ricardo Bonilla y el exdirector del Dapre Carlos Ramón González.

Y es que los congresistas Iván Name y Andrés Calle, fueron señalados por los exdirectivos de la UNGRD, Sneyder López y Sneyder Pinilla, de haber recibido 4.000 mil millones de pesos del contrato de los carrotanques, para que supuestamente apoyaran las reformas sociales que iba a tramitar el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso de la República.

Mientras que los otros siete congresistas fueron salpicados con el entramado de corrupción que habría desviado miles de millones de pesos a través de varios contratos que supuestamente iban a atender emergencias y situaciones de riesgo en varias regiones del país.

De hecho, el propio Olmedo López, en entrevista con SEMANA, aseguró que el congresista Manzur “se vendió” al gobierno del presidente Petro. “Este tema de los carrotanques va más allá de los vehículos. Toca a aforados, para darte solamente un nombre, el presidente de la Comisión de Acusación, Wadith Manzur, es uno de los beneficiados de todo este proceso”, dijo el exdirector de la UNGRD.

Francisco FarFán Magistrado de la Corte Suprema de Justicia

El magistrado Misael Rodríguez, presidente de la Sala de Instrucción, seguirá investigando a los congresistas Wadith Manzur, Juan Pablo Gallo Maya, Juan Diego Muñoz Cabrera, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julio Elías Chagüí Flórez y Julián Peina Ramírez.

Mientras que el magistrado Farfán seguirá investigando a Iván Name y Andrés Calle. De hecho, ese magistrado de la Sala de Instrucción ya ha escuchado en versión libre a varios funcionarios y exfuncionarios del gobierno Petro para tratar de esclarecer la participación de los congresistas en el entramado de corrupción.

Entre ellos, el exministro del Interior, Luis Fernado Velasco, el exdirector del Dapre, Carlos Ramón Gonzáles, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y la exconsejera para las Regions de la Presidencia, Sandra Ortiz, quien fue señalada como la “mensajera” de llevarle 3.000 millones de pesos a Iván Name.