El empresario Fernando Marín Valencia deberá seguir en la cárcel cumpliendo la condena por su responsabilidad en el carrusel de la contratación. El juzgado 28 de ejecución de penas de Bogotá rechazó la petición de modificar la medida de aseguramiento que existe en contra de quien fuera embajador de Colombia en Venezuela, y buscaba la detención domiciliaria argumentando que había cumplido las tres quintas partes de su sentencia, por el delito de lavado de activos.
Marín fue sentenciado en junio de 2020, a cuatro años y cinco meses de prisión, tras aceptar su participación en este escándalo de corrupción, propiamente en recibir 5 mil millones de pesos del empresario Emilio Tapia Aldana, con el fin de darle apariencia de legalidad. Este dinero hacía parte de las comisiones que había pactado el contratista con los hermanos Iván y Samuel Moreno Rojas, para la adjudicación de contratos en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entre estos, la construcción de dos autopistas en el occidente de la capital de la República.
Marín Valencia, quien durante años estuvo al mando de una de las constructoras más importantes del departamento de Santander, invirtió ese dinero en River Oaks Marina & Tower, un importante proyecto inmobiliario en Miami (Florida). En la imputación de cargos, la Fiscalía General manifestó que el empresario “sabía del origen de los dineros transferidos al exterior y tenía el compromiso de recibirlos, transformarlos, ocultarlos y entregarlos a través de diferentes operaciones financieras e inmobiliarias en el exterior a los señores Iván Moreno Rojas, Samuel Moreno Rojas y Emilio Tapia, pues correspondían las comisiones que se cobraban dentro del carrusel de la contratación”.
Cuando estalló el escándalo, Marín habría intentado desviar la atención de las autoridades habría firmado un contrato para la ejecución de una obra que nunca existió y así justificar las millonarias consignaciones ($2.223 millones y $2.500 millones). Luego, alegando un supuesto incumplimiento contractual, se acordó la devolución del dinero: a través de otros tres cheques, Marín le devolvió al contratista en su integridad los $2.223′178.000.
“El único incremento patrimonial proveniente del delito de lavado de activos” que se le puede reconocer al exembajador es el relativo a esta suma, que recibió en efectivo de Emilio Tapia. El dinero, aclara la Fiscalía en el documento, lo recibió “a título personal y en ningún momento este dinero habría ingresado a las cuentas bancarias del grupo empresarial Grama, ni a las de su círculo familiar”, concluyó el fallo.
Este inmueble y las seis sociedades entraron en proceso de extinción de dominio tras la vinculación de los hermanos Moreno Rojas en este escándalo de corrupción. “Se ha identificado la sociedad y proyecto inmobiliario en el cual habrían invertido recursos provenientes del ‘carrusel’ de la contratación y cuyo monto comercial es de 56 millones de dólares, que a la tasa de cambio vigente ascendería a más de 168 mil millones de pesos”, indicaron los investigadores.
En la decisión firmada por el juez de ejecución de penas se indica que por la gravedad de la conducta “no se encuentra superado el requisito de índole subjetivo, toda vez que, la personalidad, naturaleza y modalidad del delito no hacen aconsejable su reclusión en el lugar de residencia”. El juzgado llamó la atención que el empresario fue condenado por delitos contra la administración pública, situación que impide emitir varios beneficios.
“No puede perder de vista este juzgado que el señor Fernando Marín Valencia, de manera premeditada recibió por parte del señor Emilio José Tapia Aldana, más de cinco mil millones de pesos, originados de las comisiones pactadas dentro del carrusel de la contratación, donde se cometieron delitos contra la administración pública”.