En 2018, la Fiscalía radicó el escrito de acusación en en contra del exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile, en medio de la investigación por su presunta participación en el denominado Cartel de la Hemofilia. Ahora la Corte Suprema adelantará este martes, la audiencia en la Sala Especial de Primera Instancia en la que se sustentará la acusación y presentará un documento de 27 páginas con acusaciones al que tuvo acceso en primicia SEMANA.
El documento está dirigido al magistrado Ariel Augusto Torres, y la Fiscalía explica que se hacen aclaraciones, ajustes y correcciones a la acusación conocida en junio de 2018. Advierte que los hechos relevantes por los cuales se acusa hoy al exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, “surgen de un hecho antecedente, cierto, demostrado, que guarda relación con la conformación de una compleja empresa criminal que diseñó y lideró Alejandro Lyons Muskus, desde que asumió, con el apoyo del senador Musa Besaile Fayad, como gobernador del departamento de Córdoba, periodo constitucional 2012-2015″.
Y advierte que Edwin José Besaile Fayad, “se adhirió así, a los fines de una empresa criminal ya creada, aceptó los ilícitos recursos”; pero además a Alejandro Lyons le “firmó dos letras de cambio, en blanco, una por valor equivalente a lo recibido en efectivo, esto es, 2100 millones de pesos, y otra por 1900 millones, con las que Lyons Muskus, pretendió asegurar que recibiría, a futuro, del nuevo gobernador, parte de los “dividendos” a conseguir, al poner en práctica (...) esos mecanismos diseñados para el desvío de los recursos públicos”.
“Quien, en asocio, alianza, pacto o convenio con personales ligadas a la política, algunos vinculados a la administración departamental incluso en cargos de confianza y particulares, puso en marcha diversas estrategias para desviar recursos públicos a cargo del ente territorial incluidos los transferidos por la Nación, destinados a diversos sectores, entre ellos, el de la Salud, logrando el incremento ilícito de sus patrimonios”, se lee en el documento.
La Fiscalía señaló desde un comienzo que, de acuerdo con el material probatorio recaudado, Besaile, aún consciente de las alertas hechas por parte de la Contraloría y otros organismos de control, e ignorando las advertencias de los funcionarios de la Gobernación sobre las presuntas anomalías en el manejo de los dineros, habría viabilizado el pago de $1.525′045.600 a la mencionada IPS, en retribución a los dineros que le habrían sido entregados para la financiación de su campaña a la Gobernación.
Es decir, se acusaba a Besaile “como parte de un concierto criminal en el que se pactó el pago de dineros a la IPS San José de la Sabana, por la atención de pacientes con hemofilia que nunca existieron”.
Por estos hechos, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en ese momento, imputó a Edwin Besaile por los delitos de peculado por apropiación en provecho propio y de terceros, en calidad de coautor, y concierto para delinquir en condición de autor.
En el escrito de acusación, se indica que el entonces mandatario no sólo habría beneficiado a la IPS San José de la Sabana, sino también y de manera particular a Guillermo Pérez Ardila, socio de la Institución, además de a otras personas vinculadas a la defraudación al erario de Córdoba.
En otro aparte del documento de 27 páginas, que sustenta la audiencia de formulación de acusación que se adelantará esta tarde, se lee: “En ese entramado, hacia el segundo semestre de 2015, es decir, finalizando el mandato de Lyons Muskus, se acordó con Musa Besaile Fayad que Edwin José, hermano del senador, asumiera el control del ente territorial, es decir que fuera su reemplazo en la gobernación, para lo cual, le entregó en efectivo, para la campaña, 2100 millones de pesos del “ahorro o fondo común” que tenían aquellos, conformado con parte de los recursos indebidamente apropiados”.