El excongresista Julio Eugenio Gallardo Archbold fue condenado a seis años de cárcel por su participación en el denominado escándalo del ‘cartel de la toga’. El exrepresentante a la Cámara por el archipiélago de San Andrés pagó 200 millones de pesos a magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se archivara una investigación que se adelantaba en su contra.
Gallardo Archbold se reunió entre 2014 y 2015 con el entonces abogado Luis Gustavo Moreno Rivera para que moviera sus influencias e intercediera ante los magistrados para favorecerlo en un proceso penal que existía por presuntos actos de corrupción.
En los encuentros se pactó el pago de varias sumas de dinero con el fin que desde el alto tribunal lo favorecieran dentro del expediente que se adelantaba en su contra, retrasando la diligencias con el fin de buscar el archivo definitivo de la actuación.
En el desarrollo del juicio, que duró más de tres años, se determinó que Moreno Rivera, uno de los primeros condenados por el ‘cartel de la toga’ y considerado el principal testigo de este escándalo, le habría enviado una alta suma de dinero al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leónidas Bustos Martínez (quien ya fue llamado a juicio por este caso de corrupción)
Pese a que se declaró inocente a lo largo del proceso penal, un juez penal del circuito de Bogotá determinó que Gallardo Archbold incurrió en el delito de cohecho por dar u ofrecer En el fallo se determinó que por la gravedad de la conducta no podrá recibir beneficios judiciales.
Reactivación del ‘cartel de la toga’
Este mes, los casos por corrupción que salpicaron a la Rama Judicial y afectaron la institucionalidad. El pasado 1 de abril la Fiscalía General acusó formalmente al abogado Luis Ignacio Lyons España por el delito de cohecho por dar u ofrecer. Esto por el pago de 2 mil millones de pesos que hizo el entonces senador Musa Abraham Besaile Fayat para frenar la orden de captura que existía en su contra por el caso de la ‘parapolítica’.
Lyons España, en su calidad de defensor de Besaile, atendió una propuesta que le hizo el abogado Luis Gustavo Moreno para suspender la orden que ya había emitido el despacho del magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El congresista del Partido de la U habría pagado 300 millones de pesos para garantizar las decisiones judiciales y buscar fallo inhibitorio. Este dinero habría sido repartido ente los abogados Luis Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla, y los magistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Enrique Malo Fernández. Por su parte, a Lyons España le habrían correspondido $150′000.000.