El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, fue condenado este viernes por su responsabilidad en el llamado Cartel de la Toga. El exmagistrado, quien hizo parte de la Sala Laboral, habría movido sus influencias dentro del alto tribunal para que se torcieran procesos para favorecer así a aforados constitucionales de los que ya había recibido altas sumas de dinero.
Tras más de cuatro años de juicio, un juez de conocimiento de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio en su contra por los delitos de concusión como interviniente y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública en calidad de autor. En los próximos días se fijará el monto de la condena y la medida privativa de libertad.
En la decisión judicial se manifestó que, ya fuera del alto tribunal y como abogado litigante, Tarquino habría buscado contactos y exigido sumas de dinero por intervenir y evitar decisiones judiciales. Uno de sus principales “clientes” fue el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, a quien le pidió un millonario soborno para desviar las investigaciones que se adelantaban en su contra por actos de corrupción y el denominado Cartel de la Hemofilia.
En el proceso penal se concluyó que en 2014, el exmagistrado se reunió con delegados de Lyons Muskus para adelantar los trámites y así desviar el proceso. Para eso solicitó 60 millones de pesos con el fin tener acercamientos con personas que podrían conocer detalles sobre los asuntos por los que era investigado y así evitar que el proceso siguiera.
Una fuente cercana a este proceso indicó que, incluso, el alto tribunal tenía todo listo para emitir una orden de captura en contra del exgobernador, debido al abundante material probatorio que existía en su contra por estos hechos de corrupción que desfalcaron al departamento.
Es necesario mencionar que la declaración ante las autoridades del exgobernador fueron las que abrieron el escándalo del Cartel de la Toga, señalando que recibió presiones del abogado Luis Gustavo Moreno Rivera –quien después fue nombrado como jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General– y el abogado penalista Leonardo Pinilla, conocido como Porcino.
En un acuerdo de colaboración, Lyons grabó a Moreno Rivera y Pinilla en el aeropuerto de Miami (Estados Unidos) cuando les entregaba un soborno para frenar las acciones penales en su contra. Esto llevó a la captura del fiscal anticorrupción y el jurista el primero de julio de 2017.
Tras un preacuerdo, Moreno entregó información sobre varios magistrados que estarían inmersos en una red de corrupción, entre ellos Leonidas Bustos, Francisco Javier Ricaurte y Gustavo Malo Fernández.
Por el Cartel de la Toga ya fueron condenados los exmagistrados Francisco Javier Ricaurte y Gustavo Malo Fernández. El primero fue sentenciado a 19 años de prisión por mover sus influencias dentro del alto tribunal para que se archivaran, desviaran y suspendieran procesos contra aforados constitucionales, todo a cambio de una comisión.
Mientras tanto, Gustavo Malo Fernández fue sentenciado en 2021 a nueve años y diez meses de prisión por cancelar órdenes de captura y entorpecer procesos de aforados, principalmente el caso del entonces senador del partido de La U, Musa Besaile Fayad. Mientras que en septiembre pasado la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del exmagistrado Leonidas Bustos, quien se encontraría en Canadá, para que responda por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.
La declaración de Moreno también ha sido tenida en cuenta para emitir medidas de aseguramiento contra los exsenadores Musa Besaile y Álvaro Ashton, quienes habrían pagado millonarias comisiones para que se cancelaran las órdenes de captura que se iban a emitir en su contra por casos de parapolítica.