Vientos cruzados enfrentan judicialmente al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia como no ocurría desde la época de la parapolítica. En este caso se trata del choque entre el magistrado César Reyes y el representante a la Cámara Edward Rodríguez, quien en su condición de investigador de la Comisión de Acusación, logró probar la maraña de corrupción detrás del escándalo del cartel de la toga. Ahora pasó de investigador a investigado en la corte, donde Reyes le abrió un proceso.
La respuesta del representante la tiene en exclusiva SEMANA. No se quedó quieto, y recusó a quien es ahora su antagonista. Reyes, por su parte, dice estar tranquilo a pesar de la lluvia de críticas y señalamientos del Centro Democrático, partido al que pertenece Rodríguez y en el que consideran la apertura de indagación como una revancha.
SEMANA se contactó con el magistrado. Su postura, asegura, es hablar mediante decisiones judiciales, no en medios. No obstante, recuerda que en el pasado se promovió una recusación similar, presentada por el abogado Víctor Mosquera, representando a Milton Restrepo, un diputado cercano al expresidente Uribe. Reyes afirma que como no hay nada indebido o ilegal, no prosperó. Sin embargo, considera que están los mecanismos legales y procedimentales a los que toda persona tiene derecho.
A esos recursos legales fue a los que apeló Rodríguez al responder con la recusación contra Reyes, que presentó junto a su abogado Iván Cancino. El documento, conocido en exclusiva por SEMANA, pide que Reyes se aparte de la investigación y hace señalamientos que podrían provocar una nueva tormenta política y judicial en el país. En la recusación, Rodríguez considera que el magistrado Reyes falta a todas las reglas de la justicia, pues decide abrirle investigación sabiendo que es su contraparte en el proceso en la Comisión de Investigación y Acusación.
Es decir, el denunciado es el mismo investigador. Pero la pelea y la polémica no paran allí. Reyes fue el ponente en la decisión que llevó en su momento a que fuera privado de la libertad el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Además, es el mismo magistrado que resolvió no enviar la investigación contra el exrepresentante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada a la Fiscalía, como sí sucedió con el caso de Uribe, algo que ha suscitado críticas porque se trata de un proceso derivado.
SEMANA contactó a Rodríguez, quien no se explica que Reyes abriera una indagación por una compulsa de copias que busca aclarar lo que pasó detrás del escándalo del cartel de la toga y las acusaciones de Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción.
Según estas afirmaciones, los expresidentes de la Corte Suprema José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte (este último, condenado) habrían hecho las gestiones para que el exfiscal Montealegre le diera un contrato a Moreno como asesor del despacho del fiscal general, y con ese dinero cubrir los gastos de la oficina donde operaba la organización criminal. Llama la atención también que en el documento en el que el magistrado Reyes abre investigación a Rodríguez habla de un supuesto prevaricato, pero no da mayores detalles, sino que, por el contrario, copia apartes de una denuncia interpuesta por el exfiscal Montealegre Lynett contra Rodríguez, en marzo de este año.
En la recusación conocida por SEMANA y firmada por el representante Rodríguez, se lee: “Me cuesta creer que una persona que ocupa una magistratura en Corte Suprema de Justicia encuentre mérito alguno para abrir una investigación por poner en conocimiento de la Comisión de Investigación y Acusación hechos como que, en palabras de Luis Gustavo Moreno, el contrato que tuvo como asesor del exfiscal Montealegre tenía como fin único financiar los gastos de la empresa criminal, y que el mismo Francisco Ricaurte habría gestionado ese contrato con el entonces Fiscal General”. Y se preguntan en la recusación: ¿No merece eso que se investigue? ¿Debía entonces ignorar una denuncia tan delicada?
Se trata de una pelea de vieja data. En julio de 2020, Rodríguez denunció al exfiscal Eduardo Montealegre Lynett por presuntamente haber incurrido en los delitos de injuria y calumnia al señalarlo de actuar con “sesgo de persecución política”. En septiembre de ese año, en una segunda movida, Rodríguez denuncia ante la Comisión de Acusación al magistrado César Reyes por, entre otras cosas, suscribir un contrato con el Fondo de Programas Especiales para la Paz, por valor superior a 575 millones de pesos, con una duración de cuatro meses, pero que fue prorrogado.
Para Rodríguez, el contrato evidencia la cercanía del magistrado Reyes con el Gobierno de Juan Manuel Santos, del que en ese momento el expresidente Uribe era antagonista. En mayo de 2021, un año después de la acusación contra Montealegre, en su condición de investigador, Edward Rodríguez presentó la denuncia contra el expresidente de la Corte Suprema, José Leonidas Bustos, señalándolo de ser el “cerebro” de una empresa criminal conocida en el país como “el cartel del la toga”, que cobraba millonarios sobornos por manipular expedientes judiciales. Bustos, por ejemplo, no ha podido explicar la compra de un reloj de Cartier de más de 50 millones de pesos.
No obstante, Rodríguez fue más allá y compulsó copias pidiendo investigar posibles irregularidades del exfiscal Eduardo Montealegre. La respuesta habría llegado dos meses después con la apertura de indagación en su contra. Reyes ya había sido cuestionado y confrontado en una carta del 3 de abril de 2020, en la cual la magistrada Cristina Lombana le pide responder, por ejemplo, si es cierto que, como consultor de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) mantuvo un vínculo laboral o personal de amistad con la esposa del congresista del Polo Democrático Iván Cepeda.
En septiembre de 2020, congresistas del Centro Democrático enviaron un documento con 18 preguntas para el magistrado Reyes. La sorpresa es que se negó a responderles, señalando en uno de los apartes: “Los señores congresistas que formulan el derecho de petición no ostentan ninguna de las calidades exigidas por el legislador para suministrarles la reservada información que demandan. No son sujetos procesales ni intervinientes ni representantes de medios, como tampoco concurre alguna de las circunstancias previstas en las disposiciones, razones por las cuales no es posible acceder a la petición incoada”.
La pelea político-judicial entre el Centro Democrático y Reyes está prendida y no es nueva. Como manifiesta el magistrado, él prefiere hablar por medio de sus decisiones y con ellas ha enviado mensajes claros. En su momento, con una ponencia suya, fue dictada medida de aseguramiento contra el expresidente Uribe, luego pidió a la Fiscalía información de cómo iba avanzando el caso del expresidente; negó que la investigación contra Álvaro Hernán Prada pasara a la Fiscalía y ahora tiene contra las cuerdas a Rodríguez, quien llevó ante la Justicia al cartel de la toga por el manejo que le ha dado a la investigación. La pelea hasta ahora empieza y va para largo.