SEMANA sigue revelando detalles de la manera en la que los exmagistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo buscan tumbar sus condenas por el escándalo conocido como el cartel de la toga, el más complejo que ha enfrentado la justicia en su historia y sobre el cual, sus abogados, aseguran que se trata de un montaje, pues no existen pruebas claras de su existencia.
Hace un mes, la Corte condenó al exmagistrado Gustavo Malo a nueve años y seis meses de cárcel por supuestamente pertenecer a esa red que, a cambio de millonarias coimas, torcía los procesos judiciales que se llevaban en la Corte Suprema de Justicia.
En este caso, la defensa de Malo, en el documento de más de 133 páginas conocido en primicia por SEMANA, señala que en esa decisión habría varias inconsistencias.
“Colombia como sociedad ha de abandonar la cultura de los atajos para alcanzar cada propósito. Desde la base de la sociedad hasta la cúspide de las altas esferas estatales se debe dar punto final a cualquier manifestación de corrupción, evitando a ultranza ejercer mecanismos ajenos a los legalmente establecidos”, fueron algunas de las frases más importantes de la decisión en la que se pronunció en agosto la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, al condenar a Malo.
Caso Musa Besaile
Por ejemplo, cita un aparte de la apelación: “Evidencia la defensa las siguientes circunstancias que sin duda son relevantes para poder establecer si verdaderamente Gustavo Malo omitió dar apertura de instrucción y ordenar la captura de Musa Besaile en el expediente 27.700. La omisión consiste según la Sala especial de Juzgamiento en que Malo desconociera unas pruebas existentes en el sumario, que en realidad dieran crédito probatorio para los fines precitados”.
Y la defensa señala que “en el auto de acusación no se sustentan las pruebas que acreditaban mérito para abrir la investigación formal y captura de Musa Besaile, pues el señalamiento es genérico sin establecer de manera concreta en qué consistió la omisión frente a las pruebas existentes en el expediente del congresista Musa; igual ocurre con la sentencia condenatoria donde no se hace ningún análisis de las pruebas presentes en el proceso 27.700 que obligaban al magistrado Malo Fernández a tomar la decisión de apertura de instrucción formal”.
La sentencia, que lo declara responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión, y le niega la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, determinó que Malo Fernández, siendo magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, “se unió a un grupo delincuencial, con vocación de permanencia, para ejecutar diversas conductas delictivas que derivaron en la lesión a la expectativa legítima que ampara a todos los asociados frente a las decisiones de las autoridades, especialmente aquellas que provienen del órgano de cierre en la jurisdicción ordinaria”.
En otro punto de la apelación con la que se busca tumbar la condena, señala la defensa, si la omisión de Gustavo Malo “consiste en no haber ordenado la apertura de instrucción y la captura del Congresista, no se puede estructurar responsabilidad penal con esas afirmaciones y encasillándolas en el verbo rector “omitir” debido a que, para poder arribar a esa conclusión omisiva la Comisión de Acusación, le correspondía en el auto de acusación establecer el marco fáctico, no solamente de manera genérica como lo hizo, sino definiendo, enunciando de todas las pruebas que aparecen en el proceso del senador”.
Sobre Luis Gustavo Moreno
La tesis de la defensa de Malo es que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, “se inventa que Malo hacía parte de un grupo criminal al interior de la Sala Penal de la Corte y era uno de los adalid como litigante siendo que el caso que me ocupa, le reconocieron personería jurídica como suplente el 24 de noviembre de 2015. Nótese que para esa fecha ya no estaba como magistrado auxiliar José Reyes y los autos de prueba, por lo menos de los cuales se esperaba informe fueron emitidos con fechas anteriores con respecto a su aceptación en el sumario como suplente”.
Según el abogado Antonio González, esto descarta “que el cúmulo de pruebas ordenadas obedeciera a un concierto para delinquir bajo ninguna forma; y no olvidemos que estas pruebas se vienen ordenando desde el 8 de junio de 2007, bajo la titularidad de defensa de Luis Ignacio Lyons y con la presencia de un magistrado distinto a Gustavo Malo”, advierte la apelación.
Y es que se ha señalado que los acercamientos con los aforados eran tarea de los abogados Luis Gustavo Moreno Rivera y Leonardo Pinilla Gómez, para lo cual Malo Fernández, por intermedio de Francisco Javier Ricaurte Gómez, exmagistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y exmagistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, suministraba datos al grupo para que fueran utilizados al abordar a los citados congresistas, con quienes se llegó a los siguientes acuerdos, según la sentencia:
“Respecto al delito de prevaricato por acción por el que fue acusado Malo Fernández, la providencia lo absolvió, por considerar que no se reunían los elementos integradores de tal ilícito penal en lo que tiene que ver con la solicitud y aceptación de la renuncia a un magistrado auxiliar”.
Las pruebas recaudadas, según explica la Corte Suprema, dan cuenta de la materialización del delito de cohecho propio, en tanto el procesado, por intermedio del abogado Luis Gustavo Moreno Rivera y del exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, negoció la función jurisdiccional a él deferida por la Constitución y la ley, recibiendo la contraprestación ilegal derivada del acto de corrupción.
La apelación responde a los señalamientos: “He demostrado que es una falacia en toda su magnitud que la solicitud de renuncia al señor José Reyes Casas tuvo un comportamiento doloso de mi poderdante (Gustavo Malo), para evitar la vinculación y captura de Musa Besaile, pues las razones que llevaron a Malo Fernández a pedir la dimisión de Reyes las explicó el magistrado titular en la indagatoria que rindió en la comisión de acusación como en su propio juicio en la Sala de Juzgamiento, no teniendo necesidad de repetirlas en este alegato, porque todas son ajenas al protervo argumento de Reyes Casas y que no encuentra eco en la prueba que al momento de su salida, se encontraba en el plenario, como tampoco tiene aceptación creíble la falacia de Luis Gustavo Moreno Rivera en que el ejercicio probatorio era para dilatar y favorecer a Musa”.