La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de 15 años a la exrepresentante a la Cámara Argenis Velásquez Ramírez, por sus actuaciones ilegales dentro del caso conocido como Cartel de la Toga.
Velásquez fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018, y fue hallada culpable de entregar un soborno de 130 millones de pesos a un funcionario del despacho del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo, para ser favorecida en un proceso penal adelantado en su contra.
En fallo de primera instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular estableció que la excongresista le entregó esa suma de dinero al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruíz, a través de su abogado defensor Luis Gustavo Moreno Rivera.
Esto para evitar una eventual captura o un llamado a juicio por la presunta apropiación de 300 millones de pesos cuando se desempeñó como alcaldesa de Orito, Putumayo, entre 2009 y 2010.
La Procuraduría señaló que Velásquez Ramírez “desplegó actuaciones encaminadas a dar a un servidor público una suma de dinero para obtener beneficios en un proceso penal, lo que permitió establecer en grado de certeza la materialidad de la falta endilgada y la responsabilidad de la procesada”.
En el fallo se agrega que con su actuación demostró “un desprecio total por la administración pública, la ética y la honradez que debe guiar el ejercicio de la función pública, más aún si se trata de una servidora que fue elegida por voto popular, de quien la sociedad espera un comportamiento libre de mácula, transparente y correcto”.
La acción cometida por la excongresista fue relatada en las declaraciones rendidas por exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera en el proceso penal en que se investigó la conducta irregular de diferentes funcionarios judiciales, entre ellos varios exmagistrados, en el entramado de corrupción del Cartel de la Toga.
Por ese hecho, el órgano de control señaló que Velásquez Ramírez quebrantó el principio de moralidad que regula la función administrativa y calificó su falta como gravísima cometida a título de dolo.
Por estos mismos hechos, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a diez años de cárcel a la exrepresentante a la Cámara, como responsable del delito de concusión continuado.
De acuerdo con el fallo, Velásquez quiso sobornar a la Corte para que se frenara una orden de captura en su contra por haber “constreñido a los funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) asignados a su despacho para que, mes a mes, le entregaran a su esposo la mitad del salario devengado por ellos, abusando de su cargo y poder político”.