La Fiscalía General acusó este viernes al exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía Campo por su presunta participación en el denominado escándalo del Cartel de la Toga, entregando millonarios sobornos para ser favorecido en las investigaciones que adelantaban en su contra en la Corte Suprema de Justicia.
El exmandatario departamental deberá responder en juicio por el delito de cohecho por dar u ofrecer. Los hechos, materia de investigación, tienen relación con la presunta búsqueda del expresidente de la Corte Suprema, Francisco Javier Ricaurte Gómez y varios funcionarios de la Rama Judicial, quienes intercedían a favor de los aforados constitucionales para que se archivaran o demoraran las investigaciones que se adelantaban.
Las pruebas recolectadas indican que Abadía “recurrió inicialmente al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez y, por su conducto, al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, a quien contrató en 2014 para que lo asistiera en un proceso penal que se seguía en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia”.
Dicho proceso responde a las acusaciones en contra de Abadía por supuestos actos de corrupción en un convenio de cooperación, con el que se buscaba suplir la dotación de varias bibliotecas escolares en Valle del Cauca.
“Se reúnen con usted, pactan honorarios, con el fin de que las investigaciones adelantadas en su contra fueran archivadas o retardadas, pero además para que no se formulara imputación o no se emitiera medida de aseguramiento”, aseguró el fiscal del caso.
Además, se refirió a las irregularidades cometidas por el exgobernador, e indicó que los mencionados pagos habrían alcanzado la cifra de 400 millones de pesos, que presuntamente fueron entregados al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera en tres pagos, distribuidos de la siguiente manera: 175 millones inicialmente, luego 25 millones y, finalmente, 200 millones.
Este dinero habría sido entregado al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte, quien actualmente cumple una condena por este escándalo de corrupción que permeó a la Rama Judicial. “En cuanto a la antijuricidad y culpabilidad, usted, señor Abadía, conocía que con la entrega de dinero los integrantes de la organización criminal estaba cometiendo un ilícito”.
“Y con ese comportamiento impulsaba que ellos intervinieran con el servidor público que tenía a cargo la investigación que se levantaba en su contra, con el fin de evitar que se le imputaran cargos, librándolo así de un escarnio público e impidiendo el desarrollo normal de su nueva condición jurídica, y aun así quiso hacerlo”, añadió.
“Con su actuar lesionó sin justa causa el bien jurídico de la administración pública y es posible hacerle un juicio reproche, por cuanto conocía la ilicitud de sus actos”, indicó el fiscal del caso. El exgobernador se declaró inocente.
Este es un nuevo proceso penal contra Abadía, quien tiene un extenso expediente. En 2017, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputó a Abadía los cargos de peculado por apropiación agravado y celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales.
El proceso venía desde julio del 2015, la condena contra Éiber Gustavo Navarro Piedrahíta, su secretario de Educación, y tres particulares. El caso se remonta a la gobernación de Abadía (2008-2010), cuando firmaron un contrato por 1.072 millones de pesos para suplir de bibliotecas a diez municipios del departamento.