El pasado 19 de agosto, la Procuraduría General le envió un oficio con el rótulo de “urgencia” al juzgado tercero de ejecución de penas de Bogotá para que se realicen todas las acciones correspondientes, con el fin de lograr la declaración del exfiscal Luis Gustavo Moreno, el denominado testigo estrella dentro del conocido escándalo del cartel de la toga.
“Solicita colaboración para el trámite declaración”, señala el correo electrónico enviado por el Ministerio Público. La declaración del exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General es clave en las investigaciones disciplinarias que adelanta el organismo en contra de varios funcionarios públicos que habrían pagado millonarios sobornos con el fin de desviar procesos que se adelantaban en la Corte Suprema de Justicia.
Moreno, quien actualmente se encuentra privado de su libertad en una guarnición militar de Bogotá, se ha mostrado dispuesto a colaborar con las autoridades judiciales para esclarecer la situación y entregar información sobre todos aquellos que de una u otra manera intentaron afectar la recta administración de justicia en Colombia.
Su colaboración le permitió firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía General y un preacuerdo en el que aceptaba su responsabilidad en los delitos de concusión (ejercer presiones) y utilización indebida de información privilegiada. Por esto, fue sentenciado el 7 de marzo de 2018 a cuatro años y 10 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia.
Igualmente, declaró en los procesos que se adelantaron en contra de los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte y Gustavo Malo Fernández.
El primero fue sentenciado a 19 años de prisión por mover sus influencias dentro del alto tribunal para que se archivaran, desviaran y suspendieran procesos contra aforados constitucionales, todo a cambio de una comisión.
Mientras tanto, Gustavo Malo Fernández fue sentenciado en 2021 a nueve años y diez meses de prisión por cancelar órdenes de captura y entorpecer procesos de aforados, principalmente el caso del entonces senador del Partido de La U, Musa Besaile Fayad.
La declaración de Moreno también ha sido tenida en cuenta para emitir medidas de aseguramiento contra los exsenadores Musa Besaile y Álvaro Ashton, quienes habrían pagado millonarias comisiones para que se cancelaran las órdenes de captura que se iban a emitir en su contra por casos de ‘parapolítica’.
Igualmente, se espera su declaración dentro del proceso contra el todopoderoso expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, quien en la actualidad se encuentra fuera del país y no ha manifestado ningún interés en regresar.
Este caso tiene una especial motivación, puesto que en repetidas oportunidades Moreno ha manifestado su estrecha cercanía con Bustos, al que veía como un padre y su principal promotor durante su ascendiente carrera.
El exfiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General fue capturado el 27 de junio de 2017 después de haberle cobrado un millonario soborno al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus para archivar las investigaciones que se le adelantaban por el llamado cartel de la hemofilia y los actos de corrupción en el manejo de las regalías en el departamento.
Junto a él fue capturado el abogado Leonardo Pinilla, conocido con el sobrenombre de Porcino. Los dos eran los encargados de cobrar las comisiones y planear la forma en cómo se debían desviar los procesos en el interior de la Corte Suprema de Justicia.