Los líos y enredos judiciales del exgobernador Alejandro Lyons no paran. Por un lado, un escándalo de cuenta mayor como el Cartel de la Hemofilia, que terminó poniendo una sombra de duda sobre la gigantesca corrupción en la Gobernación de Córdoba, en la administración de Lyons, al punto de tenerlo hoy dando explicaciones en los estrados judiciales.

El llamado Cartel de la Hemofilia operó de 2013 a 2017 y buscó aprovechar el tratamiento de esta rara enfermedad para enriquecer personalmente a diversos funcionarios. El modus operandi de este desfalco consistía en que las IPS en Córdoba hacían pasar a sus pacientes como hemofílicos e incluso crear pacientes “fantasma” con esta condición. Lo anterior era posible gracias a la falsificación de firmas, historias clínicas y pruebas de laboratorio. Dos de las IPS involucradas eran la IPS San José de la Sabana y la IPS Unidos por su Bienestar, encargadas de la supuesta atención de 196 enfermos de hemofilia entre 2013 y 2015.

El objetivo final era cobrar a la misma Gobernación de Córdoba por tratamientos y medicamentos que, por la naturaleza rara de la hemofilia, no cubría el Plan Obligatorio de Salud (POS) del MinSalud, pero sí en la llamada Cuenta de Alto Costo (CAC) encargada de este tipo de enfermedades más costosas.

Pero como si fuera poco, ahora Lyons, quien fue gobernador de Córdoba de 2012 a 2015, afronta un nuevo llamado de la Procuraduría, que le formuló pliego de cargos por posibles irregularidades por la entrega de dinero para lograr favorecimiento en actuaciones judiciales y conductas relacionadas con actos de corrupción en la administración de justicia, en lo que se ha conocido como el Cartel de la Toga.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el exgobernador Lyons le habría entregado al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Camilo Tarquino 30 millones de pesos ($ 30.000.000) para que los magistrados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte ejercieran sus influencias con los funcionarios que en la Fiscalía tramitaban procesos penales en su contra.

En un segundo cargo, sostiene la Procuraduría, se investiga a Lyons por la presunta entrega al entonces senador Mussa Besayle Fayad de 600 millones de pesos ($ 600.000.000) cuyo destino, al parecer, fue el pago de un soborno a través del exfiscal Luis Gustavo Moreno, para impedir que la Corte Suprema de Justicia le expidiera una orden de captura en un proceso por parapolítica que esa corporación adelantaba en su contra.

A juicio del Ministerio Público el investigado sabía que estos dineros se entregarían en el marco de una actividad ilícita y, a pesar de ello, no denunció ante la autoridad competente tales hechos, permitiendo que estos se prolongaran en el tiempo hasta por lo menos 2017.

Ahora, la Procuraduría deberá fijar una fecha para escucharlo a él y su defensa puntualmente por el escándalo del Cartel de la Toga.

Luego de ser descubierto por su papel en el escándalo del ‘Cartel de hemofilia’, el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, huyó a Miami, Estados Unidos. Ahí se convirtió en uno de los testigos de la justicia estadounidense en otro de los grandes escándalos de corrupción del país: el Cartel de la Toga, un entramado de corrupción que se encargó de pagar a fiscales y magistrados de la Corte Suprema de Justicia para retrasar investigaciones.

Alejandro Lyons Muskus fue gobernador de Córdoba de 2012 a 2015. Durante su tiempo como máximo funcionario de dicho departamento fue protagonista y cómplice de uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia de esa región del país: el ‘Cartel de la hemofilia’, un entramado criminal que hizo pasar, incluso inventar, pacientes como enfermos de dicha enfermedad rara para cobrarle al departamento su atención. Los sucesos del Cartel de la hemofilia fueron entre 2013 a 2017, salpicando a Alejandro Lyons y su sucesor, Edwin Besaile, gobernador de Córdoba entre 2016 y 2019.