Luego de que Fernando Carrillo, el procurador general, reveló la supuesta existencia de un cartel conformado para robarse dineros destinados a la atención de pacientes con VIH/Sida, una comisión del ente que dirige se trasladó de Bogotá hasta Montería para verificar las pruebas del nuevo escándalo de corrupción. En medio de las pesquisas, los funcionarios llegaron a las instalaciones de Comfacor, la caja de compensación de Córdoba, señalada como uno de los ejes del escándalo. Las investigaciones apuntan a que desde allí se habrían producido los cobros a servicios supuestamente prestados a pacientes con la enfermedad que, en realidad, ya habían muerto o ni siquiera existieron.Pero los funcionarios del Ministerio Público se sorprendieron más por lo que no encontraron que por el material hallado. Allá constataron que el 23 de diciembre pasado, a las 7 de la mañana, "misteriosamente se seleccionaron 60 bultos con papelería que contenía información sobre facturas de recobros al sistema de salud", contó Juan Carlos Cortés, el viceprocurador, desde Montería.
Este video, que está bajo investigación, capta cómo habrían desaparecido 60 bultos con documentos relacionados con el cartel del sida.Para el segundo hombre al mando de ese organismo de control, "esto prende las alertas porque se explica por el interés de ocultar la información en una materia sensible como son los recobros por servicios no POS".Puede leer: Procurador destapa el cartel del sida: un nuevo escándalo sacude a CórdobaCon el material que sí se encontró en Comfacar y en la Secretaría de Salud departamental, el Ministerio Público evidenció más de cien casos en los que los cobros de los tratamientos se hacían a nombre de personas muertas o inexistentes, con identificaciones falsas. Y eso solo en las primeras pesquisas, pues los hallazgos podrían ser mayores. Ya el procurador Carrillo había dicho que serían más de 800 casos fraudulentos. "Se evidencian discrepancias entre bases de datos que nos darían a entender el pago por servicios de pacientes inexistentes", explicó Cortés. La Procuraduría seguirá revisando la contratación de Córdoba, ahora enfocada en este caso, donde se advierte una especie de espejo con lo que pasó con el cartel de la hemofilia, el escándalo por el que el mismo ente tiene suspendido al actual gobernador Edwin Besaile. De hecho, por ahora, las indagaciones del Ministerio Público por el cartel del sida también apuntan a su administración, aunque no se descarta que toque a las gobernaciones anteriores, como la de Alejandro Lyons. Las búsquedas de la Fiscalía continuarán en el departamento tras la pista del nuevo escándalo, pero también de todo el listado de entramados de corrupción que ya se han revelado y que saquearon las arcas de Córdoba.