Continúan apareciendo las denuncias sobre abusos físicos y psicológicos en la Fundación Resurgir a la Vida, ubicada en el barrio Normandía, en el occidente de Bogotá. En una comunicación telefónica conocida en su integridad por SEMANA, el director de la IPS, Jairo Masmela, le comenta a una persona interesada de ingresar a su familiar con problemas de drogadicción cómo era el programa y cuáles eran sus ventajas.

Masmela reseña que tienen vasta experiencia en tratar casos de abusos de las drogas y que cuentan con un tratamiento efectivo. Tras escuchar el caso en cuestión, el director y representante legal de la Fundación intenta convencer a su interlocutor para que ingrese a su familiar lo más pronto posible, puesto que lo que le contó es “demasiado grave”.

Cuando le pregunta si el joven ha sido violento con sus padres, la persona que lo contactó le señala que no, que eso no ha ocurrido, que lo más reciente es que le robó un dinero que tenía ahorrado su mamá. “Eso es terrible, es urgente”, reacciona Masmela para intentar fijar una reunión ese mismo día y así presentarles el programa y tratamiento.

Frente a las constantes preguntas sobre la forma como se desarrolla el tratamiento, el director de la Fundación retoma afirmando que solamente hay “gente de buena familia, como la suya, no hay habitantes de calle, son muchachos de buena familia”. La mensualidad –cuenta– tenía un costo de 1.600.000 pesos y los uniformes que deben tener mientras estén internados cuestan 450 mil pesos.

En este punto le señala que en un plazo de siete meses “empiezan a verse” los primeros resultados. Sin embargo, el éxito del tratamiento depende en un 50 % del núcleo familiar, recordándole que los jóvenes llegan a las drogas porque “los padres son muy permisivos, no les dicen nada y cuando quieren reaccionar ya es muy tarde, pues les cogieron ventaja y uno como padre perdió la autoridad”.

Por eso, es insistente en que sea internado ya mismo. “Se firma un contrato de servicios profesionales, los papás autorizan ante una notaría que él va a estar interno, para presentarlo ante la Superintendencia de Salud (…) Hacen los respectivos pagos y lo internamos”.

Masmela le asegura que cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por psicólogas de planta, psiquiatra médico, nutricionistas y facilitadoras sociales. Parte del tratamiento consiste en internarse completamente y no salir hasta que demuestren avances.

“Ellos tienen que alejarse del mundo, hay que alejarlos del mundo que les hizo daño, no hay celular, no hay internet no hay nada (…) La familia nos tiene que ayudar mucho, que no sean permisivos. Si les exigimos a ellos y la familia no colabora, pues es muy difícil”, le explica.

El director de la Fundación se sienta en la palabra y le señala las ventajas del tratamiento que tienen. “Nada de castigos, nada de golpes, eso no es tratamiento, el tratamiento es con autoridad, con trabajo profesional, con trabajo científico, así es como se recuperan a esos jóvenes”. Los grupos son de 40 personas –reseña– con el fin que todo sea más efectivo.

Masmela y otros cuatro trabajadores de la Fundación fueron detenidos la semana pasada por cargos relacionados con tortura agravada, secuestro, amenazas y concierto para delinquir. Esto tras las denuncias presentadas por personas que estuvieron internadas y quienes señalaron tratos crueles e inhumanos, así como de prácticas contra la praxis médica.

SEMANA investigó y conoció diferentes denuncias sobre abusos físicos, ataques psicológicos y ocultamiento de pruebas en esta Fundación.