Jesús Alejandro Garzón, el funcionario y sustanciador del despacho del exprocurador Fernando Carrillo, fue capturado recientemente por presuntos hechos de corrupción al interior del Ministerio Público.

En las audiencias preliminares por el delito de concusión, Garzón no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y este miércoles se conoció que le fue otorgado el beneficio de prisión domiciliaria.

La fiscal anticorrupción responsabilizó al funcionario de la Procuraduría, que actualmente se encuentra suspendido de su cargo, de exigir dinero al senador Richard Aguilar para cambiar una decisión que estaba por salir y que supuestamente afectaba al congresista por un millonario contrato cuando se desempeñó como gobernador en el departamento de Santander. Estos hechos se habrían dado usando su cargo en la Procuraduría como sustanciador.

Sin embargo, las supuestas exigencias de dinero al senador Richard Aguilar no son los únicos hechos investigados por la Fiscalía. En la audiencia para solicitar una medida de aseguramiento, la fiscal del caso reveló algunos audios que enredan a Jesús Alejandro Garzón con otro caso: se trata de un derecho de petición y una tutela en los que, al parecer, el sustanciador sirvió como asesor a un mayor de la Policía, que buscaba exigir el pago de unos beneficios suspendidos por una decisión de la misma Procuraduría. Por esas asesorías, según la Fiscalía, el funcionario recibió un pago de cinco millones de pesos.

El sustanciador, que completó 27 años en la Procuraduría, fue suspendido del cargo el pasado 15 de enero, siete días antes de su captura por cuenta de investigadores de la Dijín que llegaron a su apartamento ubicado en un conjunto residencial del norte de Bogotá.

En ese momento, la Procuraduría publicó un comunicado explicando que “en diciembre de 2019 el procurador general tuvo conocimiento de los presuntos hechos delictivos y, como parte de la estrategia de transparencia y control interno, ordenó iniciar una verificación que contó con el apoyo investigativo del Área Anticorrupción de la Dijín, y denunciar penalmente ante la Fiscalía Especializada contra la Corrupción”. El pronunciamiento tuvo lugar pocos días antes de que el exprocurador Fernando Carrillo dejara su cargo.

En las audiencias, la Fiscalía reveló supuestos hechos que consideró irregulares y que se sustentan en una denuncia de una funcionaria de la Procuraduría, que advirtió de algunos eventos que involucran al sustanciador y que ocurrieron en el piso 23 de la sede principal del Ministerio Público en el centro de Bogotá.

“[Primero] desaparecieron los alegatos de conclusión que daba la angustia por la búsqueda de estos (oficios). Aparecieron en una pila de documentos donde no debían estar. Segundo, en el pasillo del piso 23 se evidenció una anomalía cometida por algunos funcionarios que estarían entregando información aparentemente reservada que no los atañía a ellos”, leyó la fiscal del caso.

Luego de que la Fiscalía argumentó la solicitud de medida de aseguramiento para pedirle a la jueza que enviara a la cárcel al funcionario, la Procuraduría acompañó la solicitud, al igual que la representación de víctimas, el abogado del senador Aguilar. La defensa, por supuesto, se opuso a la petición de la Fiscalía y rebatió los elementos de prueba de la fiscal.

El abogado de Garzón aseguró que la inferencia de autoría y participación, es decir, las pruebas para vincularlo a los supuestos hechos de corrupción, estaban sentados en versiones, en “chismes”, por eso le pidió a la jueza abstenerse de afectar con una medida de aseguramiento a su cliente.

La jueza estudió los elementos de prueba de la Fiscalía y los argumentos de la defensa. Su análisis lo resumió con una lectura cuidadosa para concluir que Jesús Alejandro Garzón debe estar en detención domiciliaria, por considerar la situación médica del funcionario, que incluso estuvo contagiado de covid-19.

La Procuraduría apeló la decisión de la jueza.