Este viernes 21 de julio, la Defensoría del Pueblo emitió un documento en el que evidenció cómo se ha mantenido la violencia en contra de los líderes sociales en el país para el primer semestre de este 2023. Según indicó la institución, en 26 de los 32 departamentos del territorio nacional se han perpetrado asesinatos contra la población mencionada.
En el documento liberado por la Defensoría se indicó que, para los primeros meses del año, se registraron 92 homicidios en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos, señalando que la región más afectada por esta violencia fue Cauca, donde se reportaron 17 del total de homicidios; en segundo y tercer lugar están Nariño y Antioquia, cada uno con siete fallecidos.
“En tanto, Valle del Cauca y Córdoba registraron seis casos cada uno, mientras que Bolívar y Cesar presentaron cinco muertes cada uno”, agregó la Defensoría en su informe.
“Una cifra que muestra la continuidad de la violencia contra los liderazgos en las regiones”, expresó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, haciendo referencia al número de personas fallecidas en el país, solamente por defender los derechos y liderar procesos en beneficio de su región.
Según el análisis de la organización nacional, los líderes comunales fueron las personas más afectadas mortalmente en el lapso indicado, puesto que se presentaron 22 muertes de estas personas, seguido de líderes comunitarios con 20 casos y líderes indígenas 16.
“Estos tres grupos concentran el 63 % del total de homicidios registrados por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo”, señaló la institución, indicando cuáles son las personas que, infortunadamente, suelen ser las más vulneradas por este tipo de violencias en el país.
“Es una vergüenza para el Estado que al parecer se haya normalizado el hecho de que cada semestre se sigan registrando cerca de un centenar de homicidios de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, y no se observen medidas contundentes que garanticen la vida de quienes defienden los derechos de sus comunidades”, agregó Camargo en la misiva, haciendo un llamado al Gobierno para reducir este tipo de violencias y proteger a los líderes en cada región.
Entretanto, con respecto al informe del enero a junio, pero de 2022, la Defensoría indicó que se había presentado una disminución de los homicidios, puesto que para el año anterior se registraron 114; sin embargo, advirtieron la posibilidad de que los números aumenten para el segundo semestre de 2023 debido a las votaciones regionales en octubre.
Noche de terror en Antioquia
En otros hechos, fuentes del Ejército Nacional confirmaron el asesinato de dos soldados que se enfrentaron a las disidencias de las Farc en la zona rural de Ituango, Antioquia. En medio del intercambio de disparos, un integrante de la guerrilla perdió la vida.
Los militares, adscritos a la Cuarta Brigada, fueron sorprendidos por una comisión mixta conformada por los frentes 18 y 36 de la organización delincuencial. Es decir, se unieron ambas subestructuras para atacar a la Fuerza Pública que trataba de recuperar el territorio.
Según líderes sociales, la población civil quedó en medio del combate. Ellos registraron el estruendo de las balas en videos que circulan en las redes sociales. Allí narraron, con angustia, el escenario que estaban atestiguando: “Esto se prendió, no joda”.
La confrontación se extendió hasta altas horas de la madrugada de este martes. El reporte del Ejército Nacional reseña que, además de los tres fallecidos, pudieron detener a un ciudadano que, presuntamente, estaba accionando una pistola contra los soldados.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Luis Alberto Cárdenas Guzmán y Yeferson Andrés García Marulanda, ambos oficiales de la institución. En el terreno, las tropas de la Cuarta Brigada no pudieron esclarecer el nombre del guerrillero que fue abatido.
Ahora bien, la unidad pudo recuperar a tres menores de edad que, supuestamente, habrían sido reclutados e instrumentalizados por parte de las disidencias de las Farc. Ellos quedaron a cargo de las autoridades competentes para el restablecimiento de derechos.