A pesar del revuelo suscitado por la detención del expresidente Álvaro Uribe, lo más probable es que esta noticia no tenga mayores impactos económicos. Al menos en el corto plazo.  Los mercados de valores, que por lo general reaccionan ante este tipo de acontecimientos internos, esta vez no se inmutaron. El dólar cayó a finales de esta semana y se ha venido fortaleciendo, pero más movido por los factores globales. Los grandes inversionistas y fondos están atentos a los casos de rebrote en el mundo, del comportamiento de la pandemia en la región –convertida en su nuevo epicentro–, del impacto de los paquetes de ayuda y hasta de las complicaciones en Oriente Medio y Turquía. Ni hablar del mercado accionario o los títulos de deuda, que esta semana incluso se valorizaron. En cuanto a lo macroeconómico y fiscal, la situación es tan crítica que no aguanta distracciones. El país va rumbo a la peor recesión en su historia, lo cual ha provocado un desplome sin precedentes en el empleo.

El Banco de la República, al igual que muchos analistas, sigue reduciendo sus expectativas y ahora prevé una caída de la economía en 2020 de entre el 6 y el 10 por ciento. La tasa de desempleo nacional continúa cerca del 20 por ciento y alcanza el 24,5 por ciento en el ámbito urbano. No obstante, en algunas ciudades llega a registros de entre el 30 y el 40 por ciento.  Los índices de confianza se encuentran en sus peores niveles por estos factores y es probable que el caso de Uribe no agregue un pesimismo adicional ni mueva la aguja de la ya maltrecha demanda interna. Sin duda, recuperar la confianza será el factor clave para reactivar el consumo, las inversiones y la economía. Por eso, la situación del expresidente solo podría impactar la economía si afecta la gobernabilidad de Iván Duque. Es decir, si se convierte en un factor distractor para la discusión de las reformas que requiere el país a fin de garantizar la reactivación, el empleo y el crecimiento a largo plazo. La pandemia dejará a Colombia más endeudada, en cerca de 65 por ciento del PIB, y con las finanzas descuadradas. Por ende, el propio Gobierno ya anunció en su marco fiscal que, una vez pase lo peor de la crisis, se necesitará una reforma tributaria para recaudar, por lo menos, dos puntos del PIB. Con más de 4,5 millones de desempleados y el grueso de la población en la informalidad e inactividad, el país requiere cambios profundos en el mercado laboral, que discutirán la Misión de Empleo y la Comisión de Concertación de Políticas Salariales. También habría que debatir en estos escenarios la mejor distribución de los subsidios estatales y las reformas de protección a la vejez. Esto solo por mencionar algunas reformas de largo plazo, pero este semestre también habrá que reglamentar las regalías o las consultas previas.

Todos estos cambios requerirán grandes consensos políticos. Pero si una propuesta como la asamblea nacional constituyente, que hizo el partido Centro Democrático, acapara las discusiones en el Legislativo, echará al traste la agenda y los planes de recuperación del Gobierno. De esto estarán atentas las calificadoras de riesgo y los grandes inversionistas del mundo para determinar el rumbo que tomará el país. Más allá de la independencia de la Justicia, del respeto por las instituciones y de la dinámica del proceso judicial contra el expresidente, la reactivación económica y la generación de empleo dependerán de que el Gobierno y el Congreso actúen responsablemente y en función de las prioridades nacionales. No es momento de populismos de izquierda ni de derecha.