Un nuevo capítulo se construye alrededor de la polémica que ha generado la ampliación de la avenida Boyacá, después de que la Procuraduría le pidió al Consejo de Estado que niegue la medida que busca suspender la resolución que otorgó la licencia ambiental para ese importante proyecto vial en Bogotá.

La Procuraduría advirtió que, “para que proceda la suspensión provisional, solicitada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, debe comprobarse que, con la decisión de licenciamiento, se está poniendo en riesgo o daño potencial el medio ambiente o la salud humana, como se afirma en la demanda”.

Hasta el momento, para el ente de control no hay pruebas suficientes que demuestren que hasta ahora exista algún tipo de efectos adversos, graves e irreversibles al medio ambiente por la ampliación de la avenida Boyacá. Por esa razón, la Procuraduría considera que no es procedente suspender la resolución que aprobó la licencia ambiental del proyecto.

“Es precisamente el instrumento de manejo y control que ha previsto el legislador para que se implementen medidas de manejo, mitigación, prevención y compensación frente a proyectos que sean susceptibles de generar graves impactos ambientes o a la salud humana”, dijo el Ministerio Público sobre dicha licencia ambiental.

Uno de los cuestionamientos que le hizo la Procuraduría a la demanda que interpuso la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, al proyecto, es que nunca se desconoció la existencia de la reserva Thomas Van der Hammen, pues con el otorgamiento de la licencia ambiental se tuvo en cuenta que el proyecto iba a sustraer una parte de esa reserva ambiental.

“Por tratarse de una obra de mejoramiento o ampliación, no de construcción, no requiere la presentación de diagnóstico ambiental de alternativas”, precisó el procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado.

La Procuraduría también explicó que dentro del proceso se debe probar la falta de estudios técnicos suficientes que soporten la viabilidad de la licencia ambiental, pero que esa situación no da lugar para suspender el reconocimiento de la licencia ambiental. Esa es la medida cautelar que pide la demanda que hoy estudia el Consejo de Estado.

La ampliación de la avenida Boyacá en Bogotá desde la calle 183 hasta la 235, que servirá para desembotellar el norte de la capital del país y cuya construcción será vital para Lagos de Torca, podría estar en riesgo luego de que el Consejo de Estado admitiera la demanda de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en contra del proyecto.

Pero en el concepto que la Procuraduría le envío al Consejo de Estado sobre esa medida cautelar, argumenta que “de conformidad con los documentos allegados a la presente actuación, con las consideraciones y reflexiones consignadas en precedencia (...) presenta su concepto solicitando negar el decreto de las medidas cautelares solicitadas en este medio de control”.

La licencia ambiental fue aprobada en diciembre de 2023 por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), para que se extienda la avenida Boyacá con la construcción de 4,9 kilómetros de vía en la zona rural de la localidad de Suba.