Quienes esperaban que el Congreso llegara al fondo de lo sucedido en la denominada operación de inteligencia Andrómeda, en la que miembros del Ejército habrían espiado al equipo negociador del Gobierno en la mesa de diálogo en La Habana, deberán esperar a las investigaciones de la Fiscalía. En la sesión reservada en la que fueron citados el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y la cúpula militar, las presuntas desviaciones que se cometieron en esta fachada de inteligencia aún siguen siendo un misterio, incluso para el Gobierno, pues, según el senador Camilo Romero, “de lo que sucedió en Andrómeda tienen más información los medios de comunicación que el Gobierno”. El senador y precandidato presidencial de la Alianza Verde dijo que el Gobierno sólo confirmó que esa fachada de inteligencia únicamente tenía facultades para adelantar monitoreos al espectro electromagnético. En la sesión, la primera de la Comisión de Inteligencia del parlamento, encargada de ejercer control político sobre las labores de inteligencia, el ministro Juan Carlos Pinzón hizo una vehemente defensa de las labores de inteligencia lícita y recordó que, gracias a estas operaciones, algunas de ellas en condición de fachada, como el caso de Andrómeda, han tenido resultados positivos que legitiman la inteligencia. Recordó que 42 jefes de las FARC y 16 del ELN han podido ser neutralizados gracias a los resultados que arrojan las labores de inteligencia. En la sesión Pinzón reveló que son cuatro las investigaciones que se adelantan para esclarecer los episodios de Andrómeda. Dos de ellas corresponden a la inspección general del Ejército y buscan determinar si se cumplieron los protocolos de inteligencia y si hubo violaciones a los códigos disciplinarios al interior del Ejército. Según el ministro, los resultados preliminares de estas indagaciones se conocerán esta misma semana. Las otras dos investigaciones están en manos de la justicia penal militar y de la Fiscalía, esta última trata de determinar si hubo desviaciones en el uso de las facultades atribuidas por la ley de inteligencia. El ministro de Defensa dijo que el primer interesado en esclarecer los hechos es el propio Gobierno, pero no les reveló a los congresistas mayor información al respecto. Eso generó indignación entre los opositores Iván Cepeda y Camilo Romero, que prefirieron salirse de la sesión sin que el ministro respondiera en su totalidad un cuestionario de 64 preguntas. Pinzón cuestionó la actitud de los congresistas. “Hay algunos que esperan que se determine responsables penales, en Colombia hay debido proceso y el Gobierno es el más interesado en que se establezcan. Hay unos que tienen la intención de acabar la inteligencia para que no se persigan criminales y otros quieren convertir esto en un circo de leones y que unos funcionarios, sin respetarles el debido proceso, sean declarados culpables”. Otro episodio que frustró el debate fue la ausencia del fiscal general Eduardo Montealgre, pues la mayor parte de las preguntas de los congresistas tuvieron como respuesta las investigaciones que adelanta el ente acusador. “Hoy el país no sabe qué fue lo que sucedió en realidad en la operación Andrómeda. El Gobierno no entrega respuestas satisfactorias”, dijo Lozano. Juan Fernando Cristo, presidente del Congreso, dijo que la comisión le hizo una exigencia expresa al Gobierno de que el país conozca quién dio la orden de espiar a dirigentes del país. El error de otros casos de 'chuzadas' es que jamás se supo quién dio las órdenes de hacer interceptaciones ilegales a miembros de la oposición. La principal hipótesis que se advierte tras las explicaciones del ministro es que pudo haber ruedas sueltas que obedecieron a otros intereses y que desviaron sus funciones. Lo que no se sabe es con qué propósito y eso lo tendrá que determinar la Fiscalía.En el debate también se conoció que la investigación sobre la filtración de las coordenadas de una zona en la que se suspendieron operaciones militares para facilitar el traslado de alias 'Pablo Catatumbo' a La Habana para incorporarse a los diálogos de paz, las cuales fueron difundidas por el expresidente Álvaro Uribe, fue archivada por la justicia penal militar sin arrojar resultados. Ese era uno de los puntos que los congresistas indagaban al Gobierno. Según refirió Pinzón, las coordenadas fueron enviadas mediante un chat que recibieron al menos 200 personas y no se pudo determinar quién las pudo haber enviado al destino del expresidente Álvaro Uribe. El ministro de Defensa aseguró que en la investigación, la Procuraduría también pudo comprobar que esas coordenadas también fueron conocidas por la Aerocivil. Los miembros de la Comisión de Inteligencia del Congreso aseguran que no quieren ser un rey de burlas en materia del control a las operaciones de inteligencia. Por eso decidieron convocar una nueva sesión que cuente con la presencia del fiscal para que adelante parte de la investigación y así exigir las responsabilidades políticas. De momento, en su estreno, esta comisión no absolvió las dudas que generó el caso Andrómeda.