Si las cosas iban relativamente mal para Olaff Puello Castillo, el exdirector de la Corporación autónoma regional del canal del Dique (Cardique), que desde junio del año pasado fue cobijado con medida de aseguramiento que lo envió a la cárcel —aunque luego un juez de garantías le dio el beneficio de detención domiciliaria— ahora parecen empeorar. Este martes la Fiscalía ocupó 104 bienes a nombre suyo y de algunos funcionarios y contratistas de la entidad.Este es el más reciente capítulo por la investigación que adelanta el ente acusador, basado en una pesquisa previa de la Contraloría, que halló 220 contratos que habrían sido suscritos irregularmente en 2016 por Cardique para la limpieza y el mantenimiento de arroyos, caños y reservorios en el cauce del canal del Dique, una importante vía fluvial artificial que conecta al río Magdalena con la bahía de Cartagena. En contexto: Los 220 contratos fantasmas por los que cayó el director de Cardique “Parte de los 28.000 millones de pesos destinados para la ejecución, al parecer terminaron en manos del entonces director de la corporación Olaff Puello Castillo y algunos de sus colaboradores y contratistas en la entidad”, señaló la Fiscalía en un comunicado, en el que afirma que “nunca se cumplió con el objeto de los citados contratos”.Fue así que este martes la Dirección especializada de Extinción de Dominio “impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 43 bienes inmuebles, 35 vehículos y 26 sociedades que figuraban a nombre de los exfuncionarios y contratistas involucrados en los presuntos hechos de corrupción”.Este martes unidades del CTI y de la Policía efectuaron las diligencias de ocupación en barrios de Cartagena —varios de ellos acomodados— como Crespo, Bocagrande, Torices, Manga, La Castellana, Tacarigua, Ciudad Jardín, Villa Grande, Ternera y La Plazuela, ademas del municipio bolivarense de Turbaco.Los bienes afectados estarían avaluados en unos 20.000 millones de pesos. La Fiscalía destaca los que estaban a nombre de Puello Castillo, incluyendo el lujoso apartamento en el que hoy está detenido, lo que eventualmente lo obligaría a buscar una nueva vivienda. Parte de los 28.000 millones de pesos destinados para la ejecución, al parecer terminaron en manos del entonces director de la corporación, Olaff Puello Castillo, y algunos de sus colaboradores y contratistas. De igual forma está “una unidad residencial de 12 apartamentos en el barrio Torices, parqueaderos y las sociedades que fueron utilizadas para el desfalco”, señala el texto del ente investigador.Catalina Noguera, directora de Extinción de dominio de la Fiscalía, afirmó que los contratos estaban basados en supuestos problemas de índole ambiental en los cuerpos de agua relacionados al canal del Dique como poca afluencia de agua y obstrucción de humedales por aumento de sedimentos. Por otra parte, las 26 sociedades objeto de la medida cautelar de la Fiscalía tienen en común actividades de construcción, entre ellas arquitectura, diseño, ingeniería civil y consultorías en la materia. Puede consultarse aquí el listado, en oficio a la Cámara de Comercio de Cartagena, donde varios nombres se repiten como representantes legales de esas empresas: Cardique_Oficio_Cautelar by on Scribd

Modus operandiSegún la fiscal Noguera, los contratos eran ficticios y estaban soportados con conceptos ambientales irregulares que eran validados por el subdirector ambiental. “Ellos hacían unos contratos porque aparentemente tenían problemas de índole ambiental, porque se estaban obstruyendo los humedales, había poca afluencia de líquido o porque resulta que había mucha sedimentación”, dijo la funcionaria en un audio difundido entre los periodistas.“Varias de estas personas hacían unos contratos que eran ficticios, montaban todo el objeto contractual. Esto además debía tener el visto bueno del subdirector ambiental, porque todos estos conceptos ambientales necesitan el visto bueno de esta persona”, añadió. Le recomendamos: Los diez años de soledad de los pobres de CartagenaPara la época de los hechos y desde 2014 quien era el subdirector de gestión ambiental de Cardique, según el Sigep, es el actual director encargado de la entidad, Angelo Bacci. SEMANA consultó con la Fiscalía y con Cardique para establecer si Bacci había tenido algún papel en el entramado pues, de hecho, no aparece entre las personas judicializadas en este caso.Al cierre de este artículo el ente acusador no se había pronunciado sobre el particular, mientras que desde la oficina de prensa de la corporación señalaron que el director (e), oriundo de Magangué, no se pronunciará sobre el tema. Según la fiscal Noguera, los contratos eran ficticios y estaban soportados con conceptos ambientales irregulares que eran validados por el subdirector ambiental. Según el expediente, tampoco hubo estudios técnicos que respaldaran la necesidad de la firma de los contratos. Fueron justificados con un documento del año 2010, que fue elaborado por una universidad de Costa Rica que no tiene relación alguna con las funciones  ni el objetivo de Cardique.Los investigadores descubrieron documentos falsos como facturas, planos topográficos y registros fotográficos, los cuales fueron usados para certificar la presunta ejecución de los contratos. Sin embargo, estas actividades, especialmente las que se debían ejecutar en cercanías al canal del Dique, no se realizaron.  JudicializadosDesde mayo de 2018 no solo fue vinculado al proceso penal el exdirector Olaff Puello, sino también varios de sus subalternos, a quienes se les señaló, entre otros, de delitos como peculado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, concierto para delinquir, falsedad en documento privado e, incluso, acuerdos restrictivos a la competencia.Tras Puello, quizá la ficha más importante es Luz Dary Benavides Piza, antigua subdirectora de planeación de Cardique, quien se encuentra prófuga de la justicia, “era la que desde Cardique se encargaba de este tipo de obras”, según la fiscal Noguera.Entre los capturados desde esa fecha están Katherine Martelo Fernandez, subdirectora de Planeación, así como Saray Cecilia Hernández, funcionaria y supervisora de contratos, al igual que Daisy Esther Herrera. Tras Puello, quizá la ficha más importante es Luz Dary Benavides Piza, antigua subdirectora de planeación de Cardique, quien se encuentra prófuga de la justicia. Los acompañan Bernabé Maldonado Maldonado, contador que habría participado en la articulación de los contratos, y Fredy Javier Rodgers, topógrafo.La Fiscalía advirtió que todos los bienes afectados con las medidas cautelares descritas quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que se encargará de su administración.