Luego del escándalo desatado por el contrato entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados, del que se embolataron 70.000 millones de pesos, se conoció que Emilio Tapia estaría interesado en retomar el objeto del contrato: llevar internet a las zonas rurales del país.
Esto, de acuerdo con la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), Martha Lucia Zamora, quien aseguró que dos de los implicados en el desfalco, Emilio Tapia y Luis Fernando Duque, aceptaron reparar a las víctimas.
El proceso será supervisado y evaluado por la Universidad Libre, quien, según Zamora, asumirá el rol de mediador en el marco del caso de justicia restaurativa que se adelantará para reparar a las víctimas.
“Esta es una propuesta transparente y clara que tendrá la presencia de un tercero neutral que es la Universidad Libre (…) Este proceso de mediación es un desarrollo normativo que está establecido en la Ley y por esa razón no se trata de una concesión particular ni de un acto voluntario que no tenga un respaldo normativo”, explicó Zamora en entrevista con La W.
Sobre la reglamentación de este proceso, Zamora señaló que esta le corresponde a la Fiscalía General de la Nación, “quien actúe como mediador tiene que estar certificado por la Fiscalía y cumplir unos requisitos, en este caso la Universidad Libre”.
El papel de la institución educativa parte del capítulo de Justicia Restaurativa del Código Penal, artículo 523, “en el cual se establece la posibilidad de buscar una mediación como una de las figuras que van a permitir la recuperación de los recursos en favor del Estado”.
El Centro de Conciliación de la Universidad Libre conformó un grupo de docentes que estarán a cargo de implementar una estrategia, en varias etapas, en el marco de este hecho.
“Ahora iniciarán unas audiencias individuales con cada uno de los involucrados y sus abogados para que la universidad escuche la propuesta de los procesados y seguir dando cuerpo a esa propuesta y así determinar los compromisos y claridad alrededor de puntos de conexión, costos, equipos, lugares de ubicación, tiempo y garantías”, indicó.
Acerca de la financiación, Zamora aseguró que el dinero provendría de varios frentes: “Una parte es el proceso penal, acción popular que está en curso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, las acciones ante la Jurisdicción de lo Contencioso, y también hay presencia de la Superintendencia de Sociedades, Procuraduría y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado”.
“En cuanto al proceso penal, hay un compromiso en aporte de manera de reintegro que es requisito para un preacuerdo, o sea, que allí hay un componente de devolución de recursos importante en cada uno de los involucrados que corresponde a un monto importante”, enfatizó.
La directora de la ANDJE dejó claro que este proceso de justicia restaurativa es paralelo al proceso penal que cursa ante un juez por el millonario descalabro financiero.
Escándalo por Centros Poblados
En agosto de 2021 salió a la luz un escándalo de corrupción que le costó a las arcas del Estado 70 mil millones de pesos.
El 9 de diciembre de 2020, el Ministerio de las TIC adjudicó a la Unión Temporal Centros Poblados (conformada por las empresas ICM Ingenieros, Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora) el contrato 1043 con el objetivo de implementar 7.277 centros educativos virtuales en áreas rurales de 15 departamentos del país.
En junio de 2021, se conoció que Centros Poblados presentó garantías bancarias falsas para obtener un anticipo del contrato por 70 mil millones de pesos de los 1,07 billones de pesos totales. Las garantías falsas estaban a nombre del banco Itaú, entidad que presentaron como garante, pero el banco salió a desmentir y le dijo al Ministerio que nunca expidió dichas garantías.
Detrás de la elaboración de estas pólizas falsas estaba López Benavides, quien fue contactado por los empresarios Emilio Tapia y Juan José Laverde, quienes sabían de la trayectoria y experiencia que tenía este hombre en la realización fraudulenta de este tipo de documentos.
“Sabía y entendía que con esos documentos inducía en error a las funcionarias públicas encargadas de evaluar el componente jurídico en la propuesta con el fin de obtener la resolución positiva de la licitación, con lo que obtendría una contraprestación económica”, precisó la fiscal del caso en la audiencia de imputación de cargos celebrada el 11 de mayo de 2022.
La encargada de hacer el desembolso del adelanto fue la Fiduciaria BBVA, quien giró los recursos a una cuenta en Estados Unidos del banco.
Tras el escándalo, volviendo al año 2021, exactamente el 25 de junio, el MinTIC denunció ante la Procuraduría, la Contraloría General y la Fiscalía General a Centros Poblados por lo ocurrido. Posteriormente, el 13 de agosto del mismo año, la cartera declaró la caducidad del contrato.
Aunque el proceso judicial contra la firma sigue, finalmente el contrato terminó en manos de la Unión Temporal Colombia Conecta, conformada por ETB y Sky Net, segunda con mejor calificación para ese proceso.
Todo esto terminó en la renuncia de la ministra Karen Abudinen, el 9 de septiembre de ese año.