Para la Fiscalía es muy claro que Emilio Tapia, Luis Fernando Duque, el representante legal de Centros Poblados, y Juan José Laverde, vicepresidente de Rave corredora de seguros, falsificaron las garantías bancarias para quedarse con el millonario contrato que entregó el MinTIC a la unión temporal Centros Poblados destinado a la conectividad de 7.000 puntos de internet en zonas apartadas del país. Les imputaron cargos y ninguno aceptó su responsabilidad.
La Fiscalía separó la imputación de cargos en dos eventos por los delitos de falsedad documento privado y fraude procesal. Cada evento describió los escenarios donde los ahora capturados, junto a otro empresario, Jorge Enrique López, falsificaron tres garantías bancarias para certificar la capacidad financiera y así participar de la licitación que adelantaba el MinTIC.
Dijo la fiscal del caso que hubo una división de trabajo con el único objetivo de llevar a un error a funcionarios del Ministerio de las TIC y engañar a los responsables de vigilar la documentación que presentaron para participar en la licitación. Mientras Tapia, según la Fiscalía, contactó a un empresario, que integraba la unión temporal, con el corredor de seguros, Juan José Laverde, este último se encargó de ubicar a los intermediarios: Jorge Molina y Jorge Enrique López, para obtener las supuestas garantías bancarias.
Luego dichas garantías fueron entregadas a Luis Fernando Duque, el representante legal de Centros Poblados para ser cargadas en el sistema de contratación pública Secop 2 y así cumplir, supuestamente, con los requisitos que se exigían en el proceso de licitación, con ello acceder al millonario anticipo.
“El documento denominado garantía de seriedad de la oferta para presentarlo en la propuesta de una licitación pública, por cuanto para su expedición sabían que no estaban entregando al tramitador o a quienes expidió presuntamente esa garantía de seriedad de la oferta ningún documento, ni información alguna que soportar a la capacidad financiera de las empresas que conformaban la Unión Temporal y que permitiera por lo menos a esa entidad bancaria obtener el pago del valor asegurado en caso de un siniestro”, dijo la fiscal del caso.
De acuerdo con la investigación, y según el relato de la Fiscalía, Emilio Tapia manejaba las empresas que participaban de la unión temporal y sabía que no podría obtener, de manera legal, las garantías bancarias o pólizas que soportaran la capacidad financiera que requería el proceso contractual, de ahí que acudió a Juan José Laverde para obtener el documento falso que finalmente fue entregado al representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, quien finalmente lo presentó en la licitación.
“Es usted también quien los carga en la plataforma del Secop 2 y, por supuesto, son estos documentos los que sirven como prueba para dar cumplimiento a los requisitos de perfeccionamiento y ejecución previo a la suscripción del acta del inicio necesaria por supuesto para la consecuente entrega del anticipo”, dijo la Fiscalía ala referirse al representante legal de Centros Poblados.
A todos les imputaron los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. La Fiscalía insistió en que los ahora imputados llevaron a un error a funcionarios del MinTIC como: Sandra Orjuela, evaluadora jurídica que avaló ese requisito jurídico y a Adriana Meza Consuegra, quien suscribió el acto administrativo del proceso contractual.
El juez de control de garantías le preguntó a cada uno –Tapia, Duque y Laverde– si aceptaban su responsabilidad, y los tres de manera unánime rechazaron los cargos enunciados por la Fiscalía.