Arrancó octubre y el proceso judicial por la muerte del joven Luis Andrés Colmenares cobró vigencia nuevamente. El último día de este mes se cumplirán diez años de los hechos en los que se vieron envueltos una decena de estudiantes de Ingeniería de la Universidad de los Andes en Bogotá, a quienes la Fiscalía acusó de encubrir el supuesto crimen del joven en la noche de Halloween.

Al caso concurrieron los medios, reputados abogados, falsos testigos y hasta peritos internacionales. Después de toda clase de giros el expediente concluyó que nunca hubo crimen. La apelación desde hace tres años y medio está en manos de magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. En vísperas del décimo aniversario, la inquietud es si, al final de todo, el caso va a prescribir. Hay serias razones para pensarlo.

La sentencia de primera instancia fue proferida el 20 de febrero de 2017. Laura Moreno había sido acusada del delito de homicidio y Jessy Quintero de encubrimiento. Pero la hipótesis de la Fiscalía del crimen fue derrotada y, con ello, todo el planteamiento se desmoronó. La jueza dijo que con la ubicación de los celulares, las llamadas, los dictámenes forenses y los testimonios quedó probado que no hubo manos asesinas y que Colmenares murió al caer por accidente en el fondo del canal del parque El Virrey. “A este despacho no le queda duda de que las lesiones corresponden a una caída”, concluyó la togada, que absolvió a las acusadas y cuestionó, entre otros, al exfiscal Antonio Luis González, ahora investigado. “Está probado que (la Fiscalía) recibió un proceso por fuera de la sala de audiencia, esto es, en los noticieros, los periódicos, redes sociales, que hizo ver algo que nunca se demostró en el juicio”, dice el veredicto.

La Fiscalía y la familia del joven fallecido apelaron la sentencia. Así, los 32 cuadernos y 335 discos compactos que conforman el caso pasaron al Tribunal Superior de Bogotá. Le correspondió al magistrado José Joaquín Urbano, pero este se declaró impedido porque ya había proferido un fallo sobre el caso. Lo hizo en el expediente contra el joven Carlos Cárdenas, otro universitario, exnovio de Laura Moreno, a quien la Fiscalía acusó del supuesto homicidio. En ese proceso el ente investigador también fracasó. Se probó que para la hora de los hechos Cárdenas estaba durmiendo en su casa. Fue absuelto en primera instancia en junio de 2014 y cuatro meses después el magistrado Urbano confirmó la inocencia, aunque también dijo, sin más, que a Colmenares alguien lo había matado.

Por cuenta de ese pronunciamiento la Corte Suprema aceptó el impedimento y la apelación pendiente del caso principal quedó en manos del magistrado ponente Jairo José Agudelo Parra. Este magistrado es el mismo que en otro caso resolvió en apenas seis meses la apelación que la Fiscalía presentó contra el asesino Rafael Uribe Noguera, cuya sentencia aumentó de 52 a 58 años de cárcel.

Pero el caso Colmenares ya lleva tres años y ocho meses sin que el Tribunal resuelva y los vencimientos de los términos ya asoman. De hecho, el delito de encubrimiento imputado a Jessy Quintero, cuya pena máxima es 18 años de cárcel, prescribió la semana pasada, el 7 de octubre. Esto es así debido a que los cargos se extinguen al cumplirse la mitad del tiempo de la pena máxima fijada contado a partir de la imputación. Ambas fueron imputadas el 7 de octubre de 2011. Es decir, que el cargo de homicidio contra Laura Moreno, de pena máxima de 20 años, prescribirá el 7 de octubre de 2021.

El magistrado Agudelo hace sala con sus colegas Juan Carlos Arias y Fabio Bernal, pero mientras el ponente no presente un proyecto, los otros nada pueden hacer. Todas las partes en controversia en torno al caso Colmenares han solicitado al Tribunal resolver la apelación. Después de todo, pasar de agache sería un mensaje nefasto de la justicia frente al caso que más interés ha despertado en el país en la última década.