La audiencia que definió la medida de aseguramiento en contra de Enrique Vives, que le dio un tiquete directo a la cárcel La Ternera de Cartagena, terminó con un contundente reclamo de la Procuraduría a la defensa del excandidato al Concejo de la ciudad de Santa Marta. La procuradora calificó de irregular la actuación del abogado y por eso pidió una investigación en su contra. Adicionalmente, se conoció que la fiscal a cargo del proceso fue intimidada por familiares del conductor borracho.
El reporte que se encuentra en la Dirección Seccional de Fiscalías en el departamento de Magdalena señala que la fiscal Diana Quiñones, funcionaria con más de 20 años de servicio en la Fiscalía, experta en la desarticulación de organizaciones criminales en esa zona del país, recibió una llamada de un familiar de Vives donde le advirtieron que si al conductor borracho le pasaba algo era responsabilidad de la funcionaria.
“En la audiencia, la fiscal auxiliar Diana Quiñones manifestó que recibió una llamada intimidante por parte del padre del procesado. Aseguró que el señor le dijo que si algo le pasaba al hijo era culpa de ella”, se lee en ese reporte y las advertencias que recibió la fiscal.
Pero en la llamada no solo le dejaron esa advertencia a la fiscal Quiñones, sino que el interlocutor aseguró que la Procuraduría, la Fiscalía y la juez estaban al servicio de los “lacayos y de los políticos”. La información fue puesta en conocimiento por la misma fiscal en la audiencia y ante la juez, que respondió en la diligencia.
“No tengo ningún interés particular, no me asiste ningún compromiso con alguna de las partes intervinientes en este caso; estoy actuando de manera imparcial”, dijo la juez en la diligencia.
Estas y otras razones llevaron a la Procuraduría a insistir, en la audiencia de apelación, que la actuación de la defensa debe ser objeto de investigación a través de una compulsa de copias de parte del juez de segunda instancia, por considerar que no solo hay una dilación del proceso, sino que la dinámica de defensa fue contraria a la ley.
“Se burló de la justicia con su defensor, no una, sino varias veces, durante toda la semana y era allí donde le pedía, a la segunda instancia, porque estuve revisando, en este ejercicio, todas las grabaciones y le pido valore o sopese la posibilidad de hacer las compulsas para que se investigue al doctor Álex Fernández por temeridad y mala fe”, dijo la procuradora.
La funcionaria dijo que el defensor acudió a hechos que no ocurrieron, sin contar que intentaron culpar a las víctimas por el accidente que provocó el señor Vives al conducir en estado de embriaguez.
“Se obstruyen las diligencias, no todo se vale en el ejercicio del derecho. La abogacía tiene una función social para todos nosotros, tienen que colaborar con el orden jurídico con el Estado social de derecho y son un componente importante en la realización de una recta administración de justicia. Esa es la principal función de todos nosotros, de la que no se pueden marginar los abogados defensores”, puntualizó la procuradora.
Por ahora, y aun con la apelación, Enrique Vives seguirá privado de la libertad, hasta tanto un juez de segunda instancia resuelva la solicitud de la defensa. Eso podría demorarse más de un mes, tiempo que las víctimas usarán para exigir a la justicia no dejar el caso en la impunidad.