A menos de dos semanas de que se conmemoren 15 años del asesinato del periodista Jaime Garzón, aún existen interrogantes sobre los reales autores del crimen, perpetrado el 13 de agosto de 1999 en Bogotá. Sus familiares han cuestionado fuertemente la investigación de la Fiscalía, que califican como una “burla” a su dolor y a su necesidad de justicia y verdad. El martes pasado la Fiscalía acusó formalmente y solicitó la captura del coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien se encuentra prófugo de la justicia. No obstante, negó la solicitud de los abogados de las víctimas de declarar delito de lesa humanidad el magnicidio de Jaime Garzón, argumentando que la investigación iba a buen ritmo y muy pronto se tendrían resultados contundentes. Los familiares no se dieron por vencidos ante la negativa del ente acusador y decidieron interponer un recurso ante la fiscal 13 de la Unidad de Derechos Humanos, Ángela Neira Sierra, para que reconsidere su decisión y haga la declaratoria. Semana.com conoció en primicia las 47 páginas del recurso instaurado por el abogado principal de la familia, Luis Guillermo Pérez, en donde señala que “está demostrado que el magnicidio fue decidido por altos miembros de la cúpula militar y ejecutado por bandas paramilitares al servicio de Carlos Castaño”. Dentro de las principales pruebas en el escrito se pone de presente un comunicado difundido el 29 de noviembre del 2000 por integrantes de la banda ‘La Terraza’ -organización de sicarios al servicio de Carlos Castaño- respecto del asesinato de Garzón, que indica que su asesinato fue fraguado desde las más altas esferas de la cúpula militar. El abogado Pérez arremete fuertemente contra la Fiscalía que desestimó en su momento el pronunciamiento de los integrantes de ese grupo de sicarios. “La realidad es que las denuncias de la banda paramilitar La Terraza no fueron en su momento debidamente investigadas por la Unidad de Derechos Humanos”, indicó el documento. Ello, pese a que dicha versión coincidiera con “los señalamientos públicos que hicieron diferentes personalidades de la vida nacional y amigos de Jaime Garzón, en el sentido de que el general Jorge Enrique Mora Rangel, entonces comandante del Ejército, manifestaba públicamente su molestia e inconformidad con el periodista y con su labor de intermediación en secuestros”. En el recurso se hizo referencia a supuestas ‘chuzadas’ de las comunicaciones del humorista por parte de inteligencia militar: “Muchas de esas conversaciones relacionadas con asuntos humanitarios o de paz, con el ELN o con las FARC, fueron interceptadas y transcritas, y entregadas a Carlos Castaño”. Capitulo José Miguel Narváez En el extenso escrito se muestra cuál fue la relación del exsubdirector del DAS José Miguel Narváez con miembros de la fuerza pública y con integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “Hay abundante evidencia documental y testimonial que el señor José Miguel Narváez ha sido asesor desde hacía varias décadas de las Fuerzas Militares, que era el vínculo directo entre estas y los jefes paramilitares, a los que adoctrinaba en su concepción de guerra política anticomunista, manifestando que era legítimo asesinarlos en defensa de la democracia”, según el documento. De igual forma se traen a colación dos declaraciones realizadas por el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, en las cuales indica que “todas las acciones que se llevaban a cabo en Bogotá o en alguna otra ciudad del territorio colombiano siempre contaba con el apoyo de miembros del Ejército Nacional o del DAS”. ‘Don Berna’ calificó a Narváez como un “orgánico de las autodefensas que fue nombrado por Álvaro Uribe Vélez subdirector del DAS. Narváez contaba con mucha influencia con miembros del Ejército, los cuales lo utilizaban como intermediario, ya que se jactaba de ser profesor de la Escuela Superior de Guerra, asesor del Ejército y daba mucha información sobre operativos contra las autodefensas o personas que tuvieron vínculo con la guerrilla o la izquierda” expuso el texto. En la actualidad Narváez se encuentra recluido en la Escuela de Comunicaciones del Ejército, en Facatativá, sin que nunca haya sido oficialmente miembro de las Fuerzas Armadas, por tanto debería estar recluido en una cárcel ordinaria. Este recurso deberá ser analizado por el fiscal, quien estudiará nuevamente las pruebas y los nuevos elementos en el proceso para definir si declara o no crimen de lesa humanidad el crimen de Jaime Garzón. En caso de ser así, la investigación no tendría términos y avanzaría hasta cuando se tenga real certeza de los móviles y los culpables del crimen.