Piedad Córdoba, senadora electa del Pacto Histórico, no declaró en la fecha que tenía prevista la JEP para que entregara su versión sobre el caso de Álvaro Gómez Hurtado. Por esa razón, la JEP entrará a investigar su historia clínica.
Su abogada envió al Alto Tribunal un documento en el que señala: “Mi cliente requiere un mes para poder recuperarse plenamente de sus quebrantos de salud. Aporta un documento en el que consta la hospitalización de la señora Córdoba Ruiz, pero sin que se indique incapacidad alguna”.
La JEP recibió el documento y señala en la respuesta: “Igualmente, se comisionará, por un término de 15 días, a la Unidad de Investigación de Acusación para que, en ejercicio de sus facultades de policía judicial realice una inspección a la historia clínica de la declarante con el fin de determinar su estado de salud y de establecer con la entidad prestadora de salud que la atiende si la declarante se encuentra en condiciones médicas de declarar y, si es así, si puede viajar a la ciudad de Bogotá o si es necesario tomar su declaración en la clínica”, se lee.
Es decir, Piedad Córdoba podría realizar su aporte, su versión, desde la cama del lugar en el que se encuentra desde hace varios días por motivos de salud.
En esa diligencia, según pudo establecer SEMANA, podrán participar e intervenir con preguntas las víctimas acreditadas dentro de este proceso, entre las que se encuentran varios de los familiares del excandidato presidencial que fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de dictar una clase en la Universidad Sergio Arboleda en el norte de Bogotá.
Piedad Córdoba fue vinculada a la investigación después de que mencionara que desde el Secretariado de las Farc se había planeado y ordenado el crimen de Gómez Hurtado, tumbando así varias aristas de la investigación que se adelantó durante años por este magnicidio.
La senadora aseguró tener información clara de la forma en como se diseñó el plan y de las personas que participaron en el crimen. Por esto, en la JEP, ya se escucharon las declaraciones de los miembros del Secretariado que se acogieron al Acuerdo de Paz.
Tras escuchar todos los testimonios, la Sala de Reconocimiento de la JEP definirá si asume o no la investigación. Ya los familiares del líder conservador han manifestado su interés para que no cuenten con garantías para que el caso se resuelva en la JEP.
En una carta enviada a mediados de mayo, los familiares aseguran que pese a que Carlos Antonio Lozada (excomandante de las Farc y actual senador de la República) reconoció la responsabilidad única de ese grupo guerrillero en la planeación y materialización del crimen, lo cierto es que existe mucha evidencia que señala la participación de otras personas, tanto en la planeación como en la puesta en marcha del asesinato.
Además de lo dicho por Carlos Antonio Lozada en octubre de 2020, el excomandante guerrillero no ha presentado evidencia o una prueba que soporte su versión.
En su momento, Enrique Gómez, abogado de la familia, señaló a la senadora electa Piedad Córdoba Ruiz de promover un “circo” para desviar la investigación. “Las Farc no sólo no participó sino que no sabía quién había matado a Álvaro Gómez y así lo evidencian los correos evidenciados en el año 1995 de los computadores de Jojoy y otros miembros como ‘Rafael Político’ y ahora otros declarantes que estaban ligados al Bloque Oriental y controlaban la RUAN, afirman que ni supieron del operativo, ni tuvieron conocimiento real de que hubiera ocurrido”.