La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acaba de revocar la suspensión de pena de 40 años de prisión al exparamilitar Jesús Emiro Pereira, condenado por el caso de la periodista Jineth Bedoya. El alto tribunal advirtió que “es un contrasentido que se beneficie de lo probado por la justicia ordinaria mientras lo niega en Justicia y Paz”.
Lo que acaba de hacer el alto tribunal es revocar la suspensión condicional específicamente de la ejecución de la pena de más de 40 años y 6 meses que se le impuso a Jesús Emiro Pereira Rivera, exintegrante de las UC, condenado por la justicia ordinaria en 2019 por acceso carnal violento agravado, secuestro y tortura de la periodista Jineth Bedoya Lima.
La Corte Suprema señala que Pereira Rivera “no cumple con las condiciones para tener este beneficio del proceso de Justicia y Paz sobre desmovilización de paramilitares. Contrario a lo admitido en la decisión de primera instancia, el postulado no ha reconocido su probada calidad de coautor en los delitos perpetrados contra la comunicadora, rehusando en la verdad declarada judicialmente en 2019″.
La tesis de los magistrados de la Sala Penal es que alias Huevoepizca ha admitido en Justicia y Paz conocer la ocurrencia de esos hechos, pero niega haber sido uno de sus perpetradores o tenido incidencia en la orden para su ejecución.
Para el alto tribunal, esa posición de alias Huevoepisca “desconoce la sentencia ratificada en dos instancias por la justicia ordinaria, en la cual se concluye que los deplorables, crueles y dolorosos actos judicializados fueron cometidos por la organización criminal de la que Pereira Rivera hacía parte como comandante financiero (Autodefensas y Bloque Centauros) y enlace de los grupos que operaban en Bogotá y los Llanos Orientales”.
En marzo de 2021, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad frente al caso de la periodista y le pidió perdón por el secuestro y abuso en su contra, hechos que ocurrieron en mayo del año 2000.
En diciembre de 2021, después de 21 años se empezó a mover el expediente por el secuestro registrado el 25 de mayo del año 2000. La Fiscalía General de la Nación acusó al dragoneante del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) Marco Javier Morales Pinto por su presunta participación en los hechos que rodearon la retención ilegal de la comunicadora cuando se encontraba realizando un reportaje dentro de la cárcel La Modelo de Bogotá.
Según la investigación de la Fiscalía, el dragoneante tuvo una activa participación en el plan para engañar a la comunicadora mientras estaba esperando ingresar al pabellón para entrevistar al exjefe paramilitar Mario Jaimes Mejía alias El Panadero, quien supuestamente le iba a contar sobre las actividades ilegales que se adelantaban dentro del establecimiento carcelario.
El funcionario, al parecer, habría sido la persona que recibió a Bedoya en la puerta de entrada puesto que era el encargado del filtro de acceso y, presuntamente, la mantuvo esperando media hora para autorizar su acceso. Según testimonios recolectados, le señaló a la comunicadora que pese a que su ingreso ya estaba autorizado debía esperar la boleta de entrada.
Sin embargo, se comprobó que el permiso no estaba autorizado ni la entrevista se iba a realizar. La demora se hizo para que Bedoya se quedara sola en la entrada para ser abordada por un hombre armado que la amenazó para subirla a un vehículo rumbo a una bodega.
En el trayecto, la periodista fue amenazada y abusada sexualmente. Horas después, un grupo de personas la trasladó hasta Villavicencio, Meta, para abandonarla en plena vía pública.
En la acusación se precisó que el secuestro de Bedoya fue planeado desde dentro del centro carcelario por un grupo de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia y narcotraficantes, todo esto bajo el conocimiento y aval de agentes de la Fuerza Pública y del Inpec.
El secuestro se ejecutó como parte de una retaliación por los reportajes hechos por Bedoya Lima por actos de corrupción y de extrema violencia que se estaban presentando en el interior de la cárcel La Modelo en la lucha que sostenían paramilitares y guerrilleros que estaban privados de la libertad.