La Fiscalía General dio contundentes resultados en una de las líneas de investigación del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini, ocurrido el 10 de mayo de 2022, en Isla Barú, Cartagena. En una nueva fase de las pesquisas, un equipo de fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y agentes del CTI llevaron a cabo acciones judiciales con el objetivo de identificar y afectar el patrimonio de los presuntos involucrados en el crimen.
En el marco de estas diligencias, se impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre tres inmuebles y dos vehículos que, según la investigación, estarían vinculados a tres de los señalados implicados, así como a una persona adicional. Las propiedades, cuyo valor preliminar se estima en más de 800 millones de pesos, fueron aseguradas simultáneamente en operativos realizados en Bogotá y Rionegro, Antioquia.
Los fiscales sostienen que los activos en cuestión estarían registrados a nombre de Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, Marisol Londoño Bedoya y su hijo, Cristian Camilo Monsalve Londoño, así como Virgelina Hoyos Durango, madre de los hermanos Andrés y Ramón Emilio Pérez Hoyos, quienes enfrentan procesos penales relacionados con el homicidio del fiscal paraguayo. Se presume que Hoyos Durango habría utilizado su nombre para ocultar algunos de los activos en cuestión.
En el transcurso de la investigación penal, se determinó que Margareth Lizeth Chacón habría participado, presuntamente, en la planificación del asesinato junto a su pareja y cuñado, facilitando incluso una camioneta para llevar a cabo las reuniones donde se concretó la acción criminal. Por otro lado, Marisol Londoño Bedoya y Cristian Camilo Monsalve Londoño han admitido su participación al vigilar y seguir a la víctima antes del homicidio, proporcionando información clave para la ejecución del crimen. Ambos fueron condenados a 23 años y 6 meses de prisión por estos hechos.
Los bienes afectados como resultado de estas acciones judiciales quedarán bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Condenado por el crimen de Pecci acusó al fiscal Mario Burgos de amenazarlo
Durante la última audiencia destinada a esclarecer el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, celebrada el pasado 21 de octubre, se vivió una situación de alta tensión cuando un sujeto ya condenado por este homicidio confrontó al reconocido fiscal Mario Burgos, alegando haber sido amenazado por un delegado de la Fiscalía General de la Nación.
El fiscal Burgos interrogó a Andrés Pérez Hoyos, ya condenado por su participación en el crimen, sobre las reuniones que mantuvo en una camioneta con Francisco Luis Correa, identificado como el cerebro detrás del asesinato de Pecci.
En un primer momento, Pérez Hoyos confirmó haber asistido a esas reuniones, pero luego cambió su testimonio, lo que llevó al fiscal a advertirle sobre las posibles consecuencias legales de modificar su declaración bajo juramento.
“Recuerde que está bajo juramento, señor Andrés, y, a pesar de estar condenado, podría enfrentar repercusiones legales”, advirtió Burgos.
En respuesta, Andrés Pérez Hoyos acusó al fiscal de amenazarlo desde antes de su condena. “¿Me está amenazando? ¿Me está amenazando como lo hizo en la Fiscalía, doctor Burgos?”, cuestionó Pérez Hoyos.
Ante la tensión creciente, el juez del circuito de Cartagena intervino para calmar la situación y, en un momento, silenció el micrófono de Pérez Hoyos, quien continuó sosteniendo que Burgos “no ejercía su cargo con ética moral”.
El testimonio de Pérez Hoyos podría ser crucial en el caso, ya que renunció a su derecho a guardar silencio para detallar la participación de su pareja, Margareth Chacón, en el asesinato del fiscal paraguayo.
Hasta el momento, Andrés insiste en que su pareja no tiene ninguna relación con el crimen del paraguayo y viajó con él hasta Cartagena para celebrar el Día de las Madres.
En la audiencia también estuvo presente Ramón Emilio Pérez Hoyos, hermano de Andrés, ambos condenados por su papel en la planificación del crimen. La Fiscalía busca obtener más condenas para otros implicados en el asesinato del funcionario paraguayo.