La Procuraduría General le pidió al juez 55 de conocimiento avalar la medida de aseguramiento a las nueve personas que, según la Fiscalía General, formaban parte del grupo de delincuencia organizada liderado por el senador liberal Mario Castaño. Para la delegada del Ministerio Público los procesados representan un peligro para la sociedad y pueden afectar el desarrollo del proceso penal.

En su exposición aseguró que estas personas conformaban un verdadero grupo de delincuencia organizada que ofrecía convenios de infraestructura en diferentes regiones del país así como contratos de prestación de servicio en entes del Estado como el Sena, la Contraloría, la Procuraduría, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), todo esto a cambio de una comisión del 10 %.

“La sociedad que representamos se duele a diario de estos actos de corrupción que se han convertido en un cáncer que impide el desarrollo y afecta la posibilidad que los conciudadanos tengan una mejor calidad de vida y avancen (...) afectan la confianza en las instituciones y sus mandatarios a quienes eligieron con la esperanza de un mejor futuro, no para que malversaran y depositaran en sus propios bolsillos el dinero de la comunidad”, precisó.

Con el fin de proteger la integridad del proceso penal y evitar la manipulación y presión a testigos, así como la protección de las pruebas recolectadas, la delegada de la Procuraduría General pidió avalar la petición hecha por la Fiscalía de la Unidad Anticorrupción en contra de estas nueve personas.

“Lo que la Fiscalía General ha demostrado hasta este momento es que bajo el liderazgo de un senador de la República los nueve imputados y otros ciudadanos, muchos de ellos funcionarios públicos, crearon una red dedicada a manipular los recursos y partidas de los denominados cupos indicativos pervirtiendo la finalidad perseguida por los mismos y manipulando los procesos de contratación en diferentes municipios y departamentos del país”, precisó la procuradora del caso.

Aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas que se encontraban desempleadas les ofrecían una oportunidad a cambio de la entrega de una comisión del salario y “unos voticos”, como quedó registrado en las interceptaciones que presentó la Fiscalía General. “Se buscó un provecho económico indebido y fortalecer el caudal electoral del senador Mario Castaño”.

Todo esto afectó –añadió– los procesos de contratación pública puesto que eran las personas cercanas al congresista y a su red los que se beneficiaban directamente pese a no contar con los requisitos exigidos. “Vulnerando los derechos de los ciudadanos que querían contratar con el Estado”.

Teniendo en cuenta las pruebas recolectadas por la Fiscalía, la delegada del Ministerio Público indicó que esta organización ya llevaba “trabajando” más de dos años, ejerciendo actividades ilícitas en diferentes regiones del país, entre ellas el Eje Cafetero y los departamentos de Tolima, Boyacá y Cundinamarca.

Estos actos de corrupción –resaltó– afectaron zonas que durante décadas han visto cómo los recursos públicos han sido robados y apropiados, menoscabando así la calidad de vida de sus ciudadanos.

La semana pasada, el ente investigador les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, estafa agravada, extorsión e interés indebido en la celebración de contratos a los nueve integrantes (esto teniendo en cuenta su desempeño individual dentro de la organización ilegal). Debido a esto pidió enviar a la cárcel a Lorena Cañón, Daniela Ospina, Alejandro Noreña, Santiago Castaño, Harvey Arturo Loaiza, Alejandro Noreña Castro, Santiago Castaño, Juan Sebastián Vargas, Heiler Moreno y Wílmar Moreno.