Por orden del presidente de la República, Juan Manuel Santos, tras las revelaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por el caso Odebrecht, la Fiscalía puso bajo la lupa los contratos que suscribió la firma brasileña -acusada de pagar 11 millones de dólares en sobornos a Colombia para ser beneficiada con contratos de infraestructura- con el gobierno colombiano.Precisamente, el ente acusador sorprendió en horas de la mañana del jueves cuando se tomó las oficinas de Cormagdalena, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y las oficinas de Odebrecht en Colombia, para recaudar información que permita esclarecer los hechos que fueron descubiertos.Le puede interesar: Caso Odebrecht: detalles del allanamiento del CTI a las instalaciones de CormagdalenaSegún el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la constructora brasileña pagó aproximadamente 788 millones de dólares en coimas en 12 países de Latinoamérica y áfrica, entre 2001 y 2016, para resultar beneficiada en la adjudicación de contratos con los que recibió una ganancia de 1,4 billones de dólares.En el caso específico de Colombia, según los documentos revelados, Odebrecht hizo -entre 2009 y 2014- más de 11 millones de dólares en pagos irregulares con el fin de obtener contratos de obras públicas. Con estos, la firma se benefició con más de 50 millones de dólares.Le puede interesar: Odebrecht ‘naufragó‘ y ofrece ceder contrato para recuperar el río MagdalenaEso no es todo. El Departamento de Justicia también reveló que entre 2009 y 2010 acordó pagar un soborno de 6,5 millones de dólares a un funcionario del Gobierno que estaba encargado de entregar un proyecto de construcción.Según las pesquisas, Odebrecht realizó las operaciones ilegales a través de la División de Operaciones Estructurales (Division of Structures Operations) con un presupuesto alterno que se manejaba por medio de dos sistemas. El primero se llamaba ‘My Web Day’ (mi día web), que era utilizado para hacer solicitudes de pagos, procesarlos y que además contabilizaba internamente el presupuesto ‘sombra’. El otro, nombrado ‘Drousys’ permitía a los miembros de esa dependencia comunicarse entre sí y con operadores financieros externos para ocultar sus actividades corruptas.¿Cuáles son los contratos que investiga la Fiscalía?Ruta del Sol sector 2Este fue el único contrato que tenía el Gobierno con Odebrecht entre 2009 y 2010, época en que según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un funcionario del Gobierno recibió un soborno de 6,5 millones de dólares para beneficiar a la constructora.Fue adjudicado al anterior INCO, cuando estaba bajo la adminstración del ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, quien fungía como subgerente de Gestión Contractual de la entidad.El contrato que fue suscrito por un valor de 2,4 billones (Troncal) + 799.647 millones (Otrosí 6 Transversal Rio de Oro / Aguaclara / Gamarra). Fue firmado el 14 de enero del 2010 por Julio César Arango Garcés, supervisor del INCO; José Gabriel Cano, en calidad de Interventor del contrato y Marko Harasic, que era el representante de la concesionaria Ruta del Sol. Según el acta de concesión, este tiene una duración de 20 años, iniciando el miércoles 31 de marzo del 2010 y finalizando en 2035. En la acción contratista, Odebrecht Brasil tiene una participación del 25.01 % y Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S una participación del 37 %. La Presidencia informó que este contrato fue adicionado por la ANI para incluir la ruta Ocaña-Gamarra en marzo de 2014.Carretera Puerto Boyacá - ChiquinquiráEl contrato fue adjudicado en abril del 2012 por el Invías y tuvo un costo superior a 154.000 millones de pesos.Consistía en la construcción de dos puentes y la pavimentación de 49 kilómetros del tramo Puerto Boyacá - Chiquinquirá y el consorcio brasileño fue el encargado de la construcción. Para el proyecto se presentaron 16 proponentes y, según la Presidencia, fue terminado a satisfacción. Contrato para la navegabilidad del río MagdalenaEn 2014, Navelena ganó la licitación de Cormagdalena del ambicioso proyecto para recuperar la navegabilidad del río Magdalena. Se trató de una iniciativa pública, gestionada a través de una Alianza Público Privada (APP) -del consorcio Navelena cuyo socio principal es Odebrecht. Pero los problemas de corrupción han generado grandes inconvenientes en las obras. Este jueves el CTI de la Fiscalía allanó las oficinas de Cormagdalena, en el norte de Bogotá, y recogió importante documentación para estudiar el contrato y determinar si hubo corrupción. Estos son los contratos. Ahora la Fiscalía, por medio del equipo de fiscales e investigadores anticorrupción, deberá establecer si hubo irregularidades en los mismos. De ser así, se declarará la caducidad de estos y se establecerán las acciones penales del caso.