El ingeniero Luis Fernando Andrade es uno de los funcionarios más destacados del gobierno de Juan Manuel Santos. Por sus manos pasó la estructuración de la cuarta generación de concesiones viales, el proyecto de infraestructura más ambicioso del país, con inversiones superiores a 40 billones de pesos para la construcción de más de 30 vías que mejorarán la competitividad del país. Andrade es ingeniero industrial y de sistemas de la Universidad de La Florida, y un MBA de la Universidad de Pensilvania. La gran parte de su trayectoria profesional fue en la firma consultora McKinsey. Por eso el gobierno le confió sacar adelante este programa vial cuando lo nombró presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en 2011.Le puede interesar: El fiscal bajo fuegoSin embargo, el escándalo de Odebrecht le estalló en la cara y ahora deberá responder ante la Fiscalía en calidad de indiciado por todos interrogantes alrededor de la adjudicación de proyectos en donde tuvo participación la firma brasileña. Este martes, Andrade deberá responder teniendo en cuenta que su firma aparece en varios de los contratos que están en el ojo del huracán por sobornos. Los reflectores estarán principalmente en el otrosí de la vía Ocaña-Gamarra, una carretera de 82 kilómetros, que se adicionó en 2014 a la ruta del Sol 2, del concesionario conformado por Odebrecht, Episol, filial de Corficolombiana, y CSS Constructores. Aunque el presidente de la ANI ya había entregado en entrevista información sobre estas concesiones, esta vez asistirá en calidad de indiciado. Contra Andrade, también cursa una indagación preliminar disciplinaria en la Procuraduría.Uno de los principales interrogatorios de la Fiscalía es por qué para el contrato de la vía Ocaña-Gamarra no se hizo una licitación y se hizo una adición al consorcio de la ruta del Sol, hecho que ha despertado dudas si se tiene en cuenta que el exsenador Otto Bula señala que por este proyecto Odebrecht pagó millonarias comisiones.Sin embargo Andrade ha insistido que este proyecto se venía estudiando desde hace varios años por su importancia estratégica. Sostiene que no se hizo licitación porque este proceso implicaba desembolsos cercanos a 1,2 billones de pesos, casi el doble de lo que costó la adición, que no superó los 700.000 millones.También puede leer: ¿Retractación de Bula o equivocación del fiscal?El funcionario sostiene que este proyecto estuvo en los reflectores del todo el mundo y que contó con el visto bueno del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), que avaló su conveniencia y oportunidad.Precisamente por el aval a este proyecto también han quedado en el ojo del huracán las ex ministras de Comercio, Cecilia Álvarez, y de Educación, Gina Parody, quienes firmaron el documento Conpes, junto con los demás ministros. Representantes uribistas las señalan de que aprobaron el proyecto vial para favorecer uno de los puertos de la familia de Parody. Por el escándalo de Odebrecht, la Fiscalía tiene nueve radicados. Uno de ellos está relacionado con la entrega de la Ruta del Sol tramo 2. Según delaciones de directivos de la constructora se pagaron 6,5 millones de dólares. En el 2010, por la concesión de la vía Ocaña-Gamarra, aseguran los ejecutivos de la compañía se pagaron 4,5 millones de dólares.Le recomendamos: Bula vs. Martorelli, alguien le miente a la justiciaEl ente investigador también anunció que avanza en investigaciones para determinar lo que ocurrió con la entrega de la Ruta del Sol tramo 3. Aunque esta obra no quedó en manos del consorcio en el que participaba Odebrecht, se indaga si, como en otros casos, existió un acuerdo entre los participantes con apoyo de la entidad oficial.