Este martes hacia las 9:00 a. m. se reinició una de las discusiones álgidas -que ya lleva cuatro sesiones- al interior del Consejo de Estado. Es la que decidirá si se suspende o no la ejecución del fallo de la Procuraduría que sanciona al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, con la destitución y la inhabilidad para ejercer funciones públicas por 15 años. El debate, en concreto, está en un tema que es de forma y no de fondo. Los magistrados tratan de definir si la acción de tutela es el mecanismo adecuado para alegar la revisión de un fallo disciplinario. Un sector mayoritario (13 votos) es favorable a la tesis de que la acción de amparo no era procedente, puesto que quedaba todavía el camino de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se puede demandar la totalidad del fallo y -si así se decide- decretar medidas cautelares. El restante grupo de consejeros no acogió dicha postura, al señalar que la tutela es un mecanismo transitorio y de inmediata acción que busca evitar un daño irreparable ante la vulneración de los derechos fundamentales de alguien, en este caso los derechos políticos del alcalde Petro. En ese orden de ideas, el Consejo de Estado retomará en la tarde de este martes el estudio de este aspecto técnico, buscando encontrar la mayoría que en este caso es de 14 votos. De no ser así, se tendría que llamar a conjueces para que definan el asunto. Fuentes de ese alto tribunal comentaron a Semana.com que existe un gran número de magistrados que no apoyan la ponencia presentada por el magistrado Guillermo Vargas Ayala, la cual abrió toda una polémica entre sus colegas por lo que allí solicita: decidir a favor del alcalde. Esos consejeros opinan que el procurador general, Alejandro Ordóñez, no vulneró ningún derecho fundamental del Petro.