El Senado ya completa veinte días de sesiones ordinarias y aún no evacua uno de los asuntos que tenía agendados desde finales del año pasado: el juicio político contra el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, a quien la Cámara de Representantes acusó como responsable del delito de concusión. El caso pasó a la jurisdicción del Senado desde el pasado 15 de diciembre, día en que la plenaria de la Cámara lo acusó por, presuntamente, haber pedido 500 millones de pesos para favorecer una tutela de la firma Fidupetrol. A Pretelt lo denunció el exmagistrado Mauricio González Cuervo, y fue investigado por la Comisión de Acusaciones. Este miércoles, cuando la plenaria del Senado se alistaba a definir los integrantes de la comisión de instrucción que guiarán el proceso, el magistrado Pretelt y su abogado Abelardo de la Espriella reaparecieron para ponerle los primeros palos en la rueda al juicio político.A la secretaría del Senado llegó un escrito en el que el magistrado y su abogado recusaron a ocho senadores. Según el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, el argumento fue que los senadores recusados se pronunciaron en los medios de comunicación, circunstancia que a juicio de la defensa de Pretelt, los inhabilita para conocer el caso.Ante la recusación, Velasco la tuvo que poner en conocimiento de la Comisión de Ética del Senado, que deberá entregarle un informe a la plenaria, y luego por votación definir si se acepta o no las recusaciones. En todo caso este trámite ya comienza a dilatar el proceso que debe adelantar el Senado contra Pretelt, pues hasta tanto no haya decisión, no se puede elegir la comisión instructora.“Tengo la tesis de que debo poner eso en conocimiento de la Comisión de Ética, lo que impediría por ahora la elección de la comisión de instrucción porque hay que respetar el debido proceso de las personas que enfrentar estas investigaciones”, aseguró Velasco. Según trascendió, entre los recusados están: Horacio Serpa, Claudia López, Carlos Fernando Motoa, Guillermo García Realpe, Antonio Navarro y Mauricio Lizcano. A propósito de Navarro, él es el actual presidente de la Comisión de Ética, por lo que deberá apartarse del conocimiento de estas recusaciones y deberá ser nombrado un presidente ‘ad hoc’. En consecuencia, la jugada de Pretelt pareció salir a dos bandas, y seguramente generará traumatismos en el juicio político contra el magistrado de la Corte Constitucional.