En el orden del día de este miércoles 24 de julio, la Corte Constitucional programó resolver el conflicto de jurisdicciones entre el Tribunal Superior de Bogotá, específicamente la Sala de Justicia y Paz, y la Jurisdicción Especial para la Paz sobre el caso del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso.
El caso llegó al despacho de la magistrada Diana Fajardo desde el pasado primero de abril y desde ese día la Corte Constitucional ha venido recogiendo pruebas, remitiendo información de los expedientes contra el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia y radicando el proyecto de auto que conocerá la Sala Plena sobre este caso que creó un vacío jurídico sobre la competencia de Justicia y Paz o la JEP para llevar a cabo los procesos contra Mancuso.
Por eso, a las 9:00 a. m. de este miércoles, la Sala Plena del alto tribunal tendrá en la agenda conocer la información y los argumentos que tiene la magistrada Fajardo para resolver el conflicto de competencias entre las dos jurisdicciones sobre los procesos que se adelantan contra el exparamilitar.
Toda esta controversia arrancó cuando la jurisdicción creada del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, aseguró que se quedaba de forma exclusiva con todos los procesos criminales que se llevaban contra Mancuso desde el año 1989 hasta el año 2004.
En su momento, la Sección de Apelación de la JEP explicó que “En virtud de su competencia prevalente y exclusiva, la JEP es la única autoridad judicial facultada para definir y proveer respecto del estatus libertatis del compareciente y para gestionar su régimen de condicionalidad frente a las conductas relacionadas con el conflicto armado interno cometidas entre 1989 y 2004”.
Sin embargo, la Sala de Justicia y Paz no se dejó echar tierra y advirtió que Salvatore Mancuso, como paramilitar desmovilizado, fue acogido por esa jurisprudencia que, hasta el momento, le ha dado tres condenas parciales y lo investiga por más de 60 mil hechos de violencia durante el conflicto armado.
En medio de una audiencia, la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, decidió instaurar el conflicto de competencias en la Corte Constitucional para que se defina el pleito de quién se debe quedar con el proceso judicial del exparamilitar, quien quedó libre el pasado 11 de julio después de que el Inpec verificara que no tenía ningún pendiente con la justicia en Colombia.
Ahora la Corte Constitucional podría resolver el conflicto de competencias del caso de Mancuso, en medio de la conmemoración de los 19 años que cumplió Justicia y Paz, en medio de la dura advertencia que hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, quien aseguró que las víctimas de los paramilitares no han podido acceder a reparación económica.
Para el magistrado Chaverra, hay una “insuficiencia del Estado” para lograr que las multas e incidentes de reparación económica se cumplan como lo ordena la ley, afectando directa y gravemente a las víctimas del paramilitarismo.