Han pasado casi 25 años desde que fue abierta la investigación por concierto para delinquir agravado y homicidio contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe. Aunque hubo un inhibitorio en 1999, y el proceso estuvo durmiendo por cerca de una década en los anaqueles de la Justicia, en 2010 se reactivó. Desde entonces, la Fiscalía (que pide la condena) y la defensa han cruzado pruebas. Cumplidos los alegatos, el juez debe tomar la determinación.
En síntesis, se debe responder a dos preguntas en torno a Santiago Uribe: ¿formó parte del grupo paramilitar los Doce Apóstoles? ¿Ordenó o autorizó el asesinato del conductor de chiva Camilo Barrientos?
En el Tribunal de Medellín han desfilado testigos, versiones, pruebas, reversazos, y se ha controvertido la existencia de los Doce Apóstoles; pero el caso ha girado en torno a un puñado de testigos que señalan a Uribe como uno de los jefes de la organización criminal y que son duramente cuestionados por la defensa.
El juicio en la mesa está así: la Fiscalía pide condena contra Santiago Uribe por concierto para delinquir agravado, como presunto fundador de los Doce Apóstoles; y homicidio agravado, por la muerte del conductor Barrientos. La Procuraduría respalda la acusación por la creación del grupo paramilitar; en cuanto al asesinato, considera que las pruebas son insuficientes para señalar su responsabilidad.
Los testigos
Juan Carlos Meneses fue comandante de la Policía para la época en la que ocurrieron los hechos achacados a Santiago Uribe. Confesó y fue condenado por el asesinato del conductor Camilo Barrientos, y asegura que esta muerte tuvo el aval del ganadero. Además que, en enero de 1994, al llegar como comandante, el capitán saliente, Pedro Manuel Benavides, le informó que se había conformado un grupo paramilitar financiado por Santiago Uribe, se lo presentaron como la persona que lideraba y a quien le debía rendir cuentas.
Meneses apareció denunciando a Santiago Uribe en mayo de 2010, en Buenos Aires, Argentina, acompañado en un evento del premio nobel de paz Adolfo Pérez Esquivel, asegurando que no había hablado por temor a que lo mataran.
La defensa ha buscado desvirtuar al testigo Meneses. Primero, porque la descripción que hizo de Uribe era de un tipo alto, trigueño y fornido, contrario a la figura de Santiago, un hombre blanco, de estatura media y delgado. Frente a la descripción física hay un detalle que pasó por alto. Aseguró que se estrecharon la mano cuando los presentaron, pero no notó que le faltaba el dedo meñique, lo que se hizo evidente de forma cinematográfica en el proceso cuando el abogado Granados le hizo mostrar la mano.
Para la fecha en que supuestamente se conocieron, según la defensa, era imposible el encuentro. Santiago Uribe era administrador de la finca La Carolina, dedicada a la crianza de toros de lidia, y por esos días, entre el 3 y el 7 de enero, se encontraba a 300 kilómetros, en la Feria de Manizales. Este hecho lo demostraron con fotos de periódicos de la fecha, en las que aparece el hermano del expresidente.
La Fiscalía tiene como prueba el testimonio del escolta de Meneses, el exagente de la Policía Alexánder Amaya, también condenado por el asesinato de Camilo Barrientos. Desde 1996, en varias ocasiones había vinculado a Uribe con la conformación del grupo paramilitar y aseguró que la muerte de Barrientos, como represalia por un enfrentamiento que él (Amaya) tuvo con el conductor, fue consultada con Santiago Uribe y él autorizó.
Amaya, en su testimonio de 1996, dijo: “Santiago se quedaba pendiente del radio, andaba con una ametralladora Ingram dentro del carro. Era el jefe”. Para la Fiscalía es un testigo “directo, potente y contundente”, pero quedó en entredicho en 2018 cuando fue citado a declarar y dijo que no recordaba nada. Afirmó reiteradamente que no se acordaba ni de su pasada declaración ni de lo sucedido en Yarumal.
Otra ficha clave es Eunicio Pineda, quien trabajó, entre 1993 y 1994, en la finca El Buen Suceso, cercana a La Carolina. Aseguró que esta última era el centro de operaciones de los Doce Apóstoles, y lo sabía porque ayudaba con el cuidado del ganado y ordeño de las vacas.
Por su declaración se ordenó la captura de Santiago Uribe por dos años, desde febrero de 2016 hasta marzo de 2018. Pineda hizo la acusación desde Madrid, España. Dijo que salió huyendo de Yarumal, porque escuchó una conversación en la que decían que sabía mucho y que lo iban a matar. Asegura que fue torturado por los Doce Apóstoles, le sacaron los dientes con alicates y le dispararon por la espalda.
La defensa lo contradice con el argumento de que en La Carolina solo había ganado de lidia, no había para ordeñar. Para Granados este no es un testigo competente, pues, de acuerdo con un peritaje, sufre de esquizofrenia paranoide y distorsiona la realidad. En este caso se enfrentan con la versión de la Fiscalía, cuyo dictamen de Medicina Legal se refiere a estrés postraumático por las torturas, pero se encuentra en condiciones plenas para dar su versión.
La Fiscalía localizó a quien era la compañera sentimental de Pineda, Luz Marina Escudero, y asegura que él se fue el 31 de diciembre de 1993 a visitar a su mamá y nunca volvió. Negó que trabajara en La Carolina.
Otra de las cartas de la Fiscalía es Olguán de Jesús Agudelo, exparamilitar condenado por dos asesinatos y extorsión, quien explicó el funcionamiento de la organización, y las “listas negras” con personas viciosas, ladrones, y con vínculos en las milicias de la guerrilla. Aseguró que formó parte de los Doce Apóstoles como patrullero, no como mando, y que vio a Uribe hablando con paramilitares, como Julián Bolívar.
Según los argumentos de Jaime Granados, se trata de un exparamilitar que perteneció a una organización criminal denominada los Costeños, que operó después de 1997 (posterior a los hechos que se investigan). Julián Bolívar lo desmintió.
Los doce apóstoles
La existencia del grupo de los Doce Apóstoles, llamado así porque uno de sus miembros habría sido el fallecido sacerdote Gonzalo Javier Palacio, es otro tema de debate en el juicio. Para la Fiscalía es un hecho que operaba entre los municipios de Yarumal y Campamento en la misma época en que Álvaro Uribe era gobernador. La hace responsable de cerca de 300 asesinatos.
Basa su tesis en fallos del Consejo de Estado de 2012 y 2013, testimonios como el del exalcalde de Yarumal y la personera de la época, y en informes de Policía Judicial. Además, es un caso sobre el cual la JEP ya tiene abierta una investigación; justamente, Meneses se encuentra en libertad, porque el tribunal transicional lo aceptó como testigo.
La defensa ha controvertido esta versión. Considera que la Fiscalía convirtió a un grupo de sicariato y limpieza social en la génesis del paramilitarismo en Antioquia. Dice que los informes de Policía Judicial no tienen valor probatorio y que, si así fuera, no demuestran ninguna relación con Uribe.
Supuesto complot
En el juicio se evalúan hechos de mediados de la década de los noventa, el paramilitarismo. Pero la defensa de Granados expone una tesis fuera de ese contexto. Señala los beneficios que las ONG, que abiertamente han estado en contra del expresidente, han ofrecido a cambio de los testimonios de Juan Carlos Meneses y Eunicio Pineda.
Plantea una persecución del exfiscal Eduardo Montealegre, como enemigo de Uribe, con la reapertura de un proceso engavetado. Habla de que, por esos años (2010), ya era evidente el enfrentamiento de Uribe y Juan Manuel Santos, en el que Hugo Chávez era la manzana de la discordia.
La Fiscalía no cree en tesis conspirativas. Dice que todo lo ocurrido está probado. Luego de 33 horas de conclusiones del defensor Jaime Granados y otras diez de la Fiscalía, solo falta la decisión del juez, quien el 10 de febrero pidió hasta 40 días para resolver el caso, que, sin duda, levantará ampolla. Se trata del hermano del expresidente Uribe. n