La Jurisdicción Especial de Paz le salió al paso a las acusaciones de la Fiscalía General de la Nación que apuntan a que un funcionario suyo habría recibido $500.000 dólares para buscar frenar la extradición de Jesús Santrich. Horas después de que se conoció la noticia sobre la captura de Carlos Julián Bermeo, en un hotel en el norte de Bogotá, el director de la Unidad de Investigación y Acusación, Giovanni Álvarez, se pronunció sobre el caso aunque no entregó mayores detalles. Le recomendamos: El Tuerto Gil, el ex-M19 que fundó un partido de parapolíticos en desgracia "Al señor Bermeo Casas yo lo vinculé como funcionario de la UIA porque cumplía con todos los requisitos de ley para el cargo. Por ejemplo, aparte de ser abogado, es especialista en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario, adicionalmente acreditó una maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz", señaló el funcionario que se limitó a leer un documento de cinco puntos, sin responderle una sola pregunta a los periodistas que estaban en el lugar. "Al señor Bermeo Casas yo lo vinculé como funcionario de la UIA porque cumplía con todos los requisitos de ley para el cargo", fiscal de la UIA. De acuerdo con el comunicado, la Fiscalía de la JEP, que está a su mando, "no ha tenido ninguna participación en los procesos en lo que se estudian las solicitudes de garantía de extradición". Más exactamente, en el caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich que fue capturado en abril pasado y se le señala con vínculos con el narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz. El mismo día que el departamento de justicia de Estados Unidos anunció que no entregará a la JEP el material probatorio que tienen contra el excombatiente de las Farc, la Fiscalía denunció una supuesta maniobra en la que participaba el ‘Tuerto Gil‘, un político y ex dirigente del ex-M19, para tratar de frenar la decisión que está por tomar el nuevo tribunal en uno de los casos más importantes que enfrenta desde hace que nació. Puede ver: Trago amargo, así fue la captura del fiscal de la JEP y del Tuerto Gil Durante la rueda de prensa, Álvarez pidió que en caso que se demuestra la vinculación de su empleado con los hechos señalados, a la Fiscalía no le debe temblar la mano para enfrentar la situación con determinación. "De comprobarse la participación del señor Carlos Julián Bermeo en los hechos informados hoy por la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Investigación y Acusación condena dicho comportamiento y confía en que la ley será implacable en el juzgamiento de personas que, con este tipo de actuaciones, empañan la labor de esta Jurisdicción", dijo. En esa misma orilla se paró el presidente de la Sección de Revisión de la JEP, Jesús Ángel Bobadilla, que viene estudiando el futuro de Santrich frente a la extradición. Sentado al lado de la presidenta de la JEP, Patricia Linares, una hora después de que Álvarez hizo público su comunicado, el magistrado le pidió a Néstor Humberto Martínez tomar todas las medidas del caso. "La Sección de Revisión solicita a la Fiscalía General de la Nación que le imparta la mayor celeridad a la investigación". "La Sección de Revisión solicita a la Fiscalía General de la Nación que le imparta la mayor celeridad a la investigación que se adelanta por los hechos informados hoy y rechaza condena cualquier acto de corrupción que afecte la administración de justicia", sentenció Bobadilla mientras leía el comunicado de cuatro puntos que suscribió junto a los demás magistrados: Ana Catherina Heyck Puyana, Claudia López Díaz, Adolfo Murillo Granados y Gloria Amparo Rodríguez. "Giovanni Álvarez, director de la UIA, es como lo señala la norma constitucional, autónomo e independiente para seleccionar y designar a los funcionarios", presidenta de la JEP Para los togados, La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) tiene autonomía administrativa al interior de la JEP para designar a sus propios funcionarios y empleados. En consecuencia, la magistratura no tiene injerencia alguna en esos nombramientos. Renglón seguido, dieron un paso al costado frente a la situación: "la UIA tiene autonomía administrativa al interior de la jurisdicción para designar a sus propios funcionarios y empleados. En consecuencia, la magistratura no tiene injerencia alguna en esos nombramientos". Le puede interesar: Capturan a fiscal y a exsenador por pago de USD $ 500.000 para incidir en caso Santrich Esa misma constancia la dejó la presidenta de la JEP: "Giovanni Álvarez, director de la UIA, es como lo señala la norma constitucional, autónomo e independiente para seleccionar y designar a los funcionarios, y por lo tanto la jurisdicción y la magistratura no tiene ver con ninguno de esos nombramientos". Antes de su corta intervención, de no más de cinco minutos, Patricia Linares sentenció: "Ninguna conducta que pueda ser cometida por parte de servidores de la @JEP_Colombia será tolerada por esta Jurisdicción".