La investigación por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) avanza, y el resto de salpicados por las declaraciones de los exdirectivos de la entidad se alistan y anticipan para lo que viene en la Fiscalía. Uno de ellos es Carlos Ramón González, el poderoso asesor del presidente Gustavo Petro.

En las últimas horas se conoció que González radicó, a través de su defensa, una solicitud a las fiscales que adelantan este proceso, una bastante particular y que advierte la necesidad de declarar, de ser escuchado en diligencia de interrogatorio, como forma de pavimentar su camino a lo que parece inevitable.

Carlos Ramón González resultó salpicado porque, según Sneyder Pinilla y Olmedo López, fue el responsable de dar las “órdenes” para sacar el dinero destinado a los sobornos de los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle. En sus declaraciones, los exdirectivos advirtieron cómo ocurrieron los hechos.

“De los imputados en los ilícitos, pues existe información legalmente obtenida como interrogatorios, entrevistas, declaraciones juradas, informes de investigador de campo, informes de investigador de laboratorio, inspecciones judiciales, y documentos, entre otros, que se expondrán más adelante”, explicó la Fiscalía en la medida de aseguramiento contra Olmedo López y Sneyder Pinilla.

La Fiscalía lo dio por cierto. No hubo dudas o palabras blindadas de presunción de inocencia, para señalar lo que terminó por encender el escándalo y apartarlo un poco de tantas versiones sobre la vinculación de altos funcionarios del Gobierno. Fue la propia Fiscalía la que dejó en claro que los sobornos existieron y que los responsables de tramitarlos eran funcionarios.

“Coordinó, usted, señor Olmedo, con Sneyder Pinilla, la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, quien para la época de los hechos era la consejera para las regiones de la Presidencia de la República”, dijo la fiscal Andrea Muñoz.

El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) es la mano derecha del presidente Gustavo Petro. Fue prudente con las declaraciones, no se refirió al caso y se apartó de su cargo para asumir su defensa. Una decisión importante en momentos de tanta confusión y que debió servir de ejemplo para otros funcionarios salpicados, como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

“Usted, señor Olmedo, acordó con Sneyder Pinilla dirigir los contratos u órdenes de proveeduría del alquiler de carrotanques y sus interventorías a contratistas amigos a cambio de que estos pagaran coimas en favor de ambos”, advirtió la fiscal Muñoz.

Justamente en este caso, la Fiscalía advirtió que no solo Carlos Ramón González y Ricardo Bonilla serían llamados a diligencias de interrogatorio, en la lista también aparecen César Manrique, director de la Función Pública, y María Alejandra Benavides, asesora del Ministerio de Hacienda.